Ceuta acude tribunales contra cadena Meliá, que reclama 650.000 euros

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido mantener una pugna en los tribunales contra la cadena Meliá, que reclama al Gobierno ceutí unos 650.000 euros por su gestión al frente del actual Hotel Puerta de África.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que el consejero de Turismo, Emilio Carreira (PP), ha pedido autorización para constituir un aval con el que poder seguir defendiendo el interés general de los ceutíes en tanto en cuanto se resuelva el pleito que el Gobierno ceutí mantiene con la empresa Meliá a raíz de la ruptura del contrato por el que, en el pasado, esta gestionó el establecimiento hotelero de la Ciudad.

El Gobierno optó entonces por pleitear al no estar conforme con la cantidad reclamada en el laudo arbitral dictado por el Tribunal de la Corte de Arbitraje de Madrid, que está en el entorno de los 450.000 euros, aun siendo inferior ya a los aproximadamente 650.000 euros que exigía la empresa Meliá.

Por eso el Ejecutivo decidió elevar el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que previsiblemente dictará sentencia a finales de este año.

Cabe reseñar que, según los cálculos de la Ciudad, la cantidad que correspondía abonar a la empresa Meliá rondaba los 250.000 euros, cifra muy alejada de los 650.000 que exigía y algo más de la mitad de lo fijado por el Tribunal de la Corte de Arbitraje de Madrid en el laudo arbitral.

Al margen de eso, y mientras llega el pronunciamiento del TSJM, Meliá ha forzado el cumplimiento del laudo arbitral acudiendo a un Juzgado de Madrid, el 101, que en un auto ha dictado el embargo de la cuenta de la sociedad municipal de Ceuta que gestiona el hotel por 700.000 euros, cantidad que resulta de sumar a los aproximadamente 450.000 euros fijados por el laudo las correspondientes costas e intereses.

Es por ese auto que dicta el embargo de las cuentas de la sociedad pública, y que la Ciudad también ha recurrido, por lo que el consejero ha solicitado autorización para poder constituir definitivamente un aval que permitirá el desenvolvimiento normal de la empresa pública hasta la resolución del asunto de fondo con la sentencia que dicte el TSJM.

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