Cádiz pide que se amplíe el bono social a clientes de todas comercializadoras

El Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que el Gobierno mantenga en sus medidas urgentes contra la pobreza energética aprobadas hoy[…]

El Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que el Gobierno mantenga en sus medidas urgentes contra la pobreza energética aprobadas hoy que sólo ocho comercializadoras eléctricas, de 728, pueden facilitar el bono social, con lo que abocan a miles de consumidores a "cambiar su contrato a una empresa del oligopolio".

En una nota de prensa, la empresa municipal Eléctrica de Cádiz ha valorado la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores gracias al cual "se eliminará el impuesto al sol y se simplifican sus trámites administrativos".

Sin embargo, cree que la regulación es insuficiente en el campo del bono social eléctrico para los colectivos que no pueden afrontar la factura de la luz.

En este sentido, indica que la nueva regulación hace "oídos sordos al hecho de que 15 millones de clientes no pueden solicitar el bono social sin cambiar su contrato a una empresa del oligopolio".

El presidente de la empresa gaditana, el concejal David Navarro, ha explicado que en Cádiz, "la actual normativa excluye del acceso al bono social estatal a las más de 55.000 familias que tienen la luz con Eléctrica de Cádiz".

El pasado mes de septiembre el alcalde de Cádiz, José María González, trasladó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una propuesta en la que solicitó que incluyera la ampliación "para que todas las comercializadoras eléctricas pudieran facilitar el bono social con el objetivo de conseguir una ayuda social más accesible, más justa y, por tanto, no discriminatoria con las pequeñas y medianas empresas".

De esta medida se podrían beneficiar "las 2.000 familias gaditanas en riesgo de exclusión social que cada año solicitan ayudas puntuales al Ayuntamiento", ha subrayado Navarro.

El año pasado Eléctrica de Cádiz aportó 479.000 euros para costear un bono social que no puede facilitar a sus clientes, lo que "supuso entregar un 40% de sus beneficios anuales".

"Esta situación es kafkiana y la ministra Teresa Ribera debe tenerla en consideración para próximas reformas", ha reclamado.

Eléctrica de Cádiz espera que la ministra Teresa Ribera "incluya a las pequeñas comercializadoras" en los contactos que mantendrá con los sectores sociales afectados en los próximos seis meses desde la promulgación del decreto, donde "se compromete a elaborar una estrategia nacional contra la pobreza energética e integrar todas las medidas y actuaciones para reducir y aliviar la pobreza energética".

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