AMA critica que Gobierno, ayuntamientos y jueces crean "inseguridad jurídica"

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a gran parte de los afectados por sentencias de derribo, ha denunciado hoy "la inseguridad jurídica creada por el Gobierno, los ayuntamientos y los jueces".

En un comunicado de prensa, AMA asegura que las últimas sentencias que afectan a familias de Miengo y Argoños "han puesto de manifiesto una vez más la inseguridad jurídica en la viven cientos de familias de la comunidad autónoma".

A su juicio, los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) están "creando aún más incertidumbre", y las actuaciones del Gobierno de Cantabria "que luego son declaradas ilegales son incomprensibles e irresponsables".

"La justicia parece más pendiente de los temas de formas que de dar soluciones o respuestas definitivas", se queja AMA, que ha convocado una reunión extraordinaria en Argoños para el 19 de marzo y movilizaciones para el 28 marzo, con concentraciones ante el Gobierno de Cantabria, el Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

La asociación muestra su "desazón, cansancio y preocupación" por "la inseguridad jurídica que se está creando con sentencias de la Sala de Contencioso-Administrativo del TSJC", y con resoluciones del Gobierno de Cantabria y actuaciones de los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo.

"Es muy difícil de comprender que cada vez que hay una resolución administrativa, una norma o ley que pretende dar soluciones al tema de las sentencias de derribo, posteriormente aparezca una resolución judicial que eche por tierra el trabajo o el camino realizado. Esto en un bucle del que parece imposible salir. Los afectados pedimos soluciones a la situación de injusticia que sufrimos, las administraciones hacen normas, y las justicia las declara ilegales", critica AMA.

Este colectivo afirma que es "descorazonador" y "demoledor", después de "tantos años", ver "cómo siguen produciéndose estas situaciones" y ser testigo de las actuaciones "incorrectas" de la Administración, que "no es capaz de hacer su trabajo sin incurrir en ilegalidades".

Añade que a esto "hay que sumar un celo excesivo y una minuciosidad" por parte de los jueces que, a su entender, "más parece que van a buscar la aguja en la forma, que a resolver los problemas de fondo de los ciudadanos".

"La sensación del aumento de la inseguridad jurídica en nuestra comunidad es altamente preocupante. Que más de 600 familias lleven más de dos décadas esperando saber si sus viviendas pueden ser legalizadas o tienen que se indemnizados por las actuaciones ilícitas de las administraciones es penoso e impresentable", subraya AMA.

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