Alertan sobre cierre de radios bolivianas por trabas para renovar licencias

La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) alertó hoy sobre el posible cierre de al menos medio millar de emisoras en el país por un decreto que ha dificultado la renovación de licencias para esa actividad y que, según la entidad, vulnera la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones.

La alerta se dio en un acto transmitido por una inédita cadena nacional de los centenares de radios afiliadas a Asbora, con motivo del Día del Radialista Boliviano, que se celebrará mañana.

El presidente de la entidad, el veterano periodista deportivo Alfonso 'Toto' Arévalo, denunció que el organismo regulador, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), "está rechazando las solicitudes de renovación de licencias queriendo aplicar un decreto supremo que es totalmente contrario a la ley".

Este decreto establece que una vez finalizado el periodo de la licencia, la radio deje de operar y en caso de querer acceder a una frecuencia, lo haga mediante una "licitación pública", lo que, según Arévalo, "provocaría el cierre paulatino de más de 500 emisoras a nivel nacional".

El presidente de Asbora señaló que la Ley de Telecomunicaciones establece que la vigencia de las licencias es de quince años, con la posibilidad de renovarlas por una sola vez por igual período, siempre que el titular cumpla con los requisitos legales.

Arévalo afirmó que "un decreto reglamentario no puede estar por encima de una ley", por lo que Asbora planteará a las autoridades modificar los artículos de esa norma "que no permiten o dificultan la renovación de licencias para el servicio de radiodifusión" para "corregir el error y la contradicción" que plantea el reglamento.

La Ley de Telecomunicaciones, promulgada en 2011, otorgó al Estado un 33 % del espectro electromagnético, otro tanto al sector privado, un 17% a organizaciones indígenas e igual porcentaje a comunidades campesinas.

Cuando se debatió la aprobación de aquella norma en el Congreso, los gremios de periodistas criticaron la distribución porque en la práctica significaría que el Gobierno iba a controlar hasta el 67 % del espectro debido a su relación con los sindicatos, con el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias.

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