Afectados proximidad cebaderos porcino a casas piden modificar plan urbano

Vecinos de Lorca afectados por la proximidad de cebaderos de porcino a sus casas en la huerta se han concentrado[…]

Vecinos de Lorca afectados por la proximidad de cebaderos de porcino a sus casas en la huerta se han concentrado hoy frente al ayuntamiento para reclamar una modificación del plan urbano que haga compatible el uso residencial del suelo con el ganadero, aumentando la distancia entre viviendas y granjas.

Varias decenas de vecinos, integrantes de la plataforma "Stop cebaderos junto a las casas", han participado en la protesta, en la que han relatado que las pedanías más afectadas son Tercia, Purias, Campillo y la Hoya y en la que han pedido una armonización del uso residencial y ganadero del suelo.

Los vecinos, que han reunido casi mil firmas en apoyo a su petición de modificación de la normativa, portaban pequeñas pancartas con mensajes como "Derecho a una casa sin gases ni olores","Stop a la indefensión vecinal" "Respeto a nuestra vida privada y familiar" y "No cebaderos junto a viviendas".

Según han explicado la concesión una licencia municipal para ampliar una explotación porcina en el Camino de los Aceites que pasará de 200 a 1.200 cabezas y que está ubicada a sólo 35 metros de varias viviendas ha sido el detonante que ha disparado todas las alarmas.

Melchora Martínez , propietaria de uno de esos inmuebles ha relatado el "infierno" que supone para ella y su familia esta situación y ha afirmado que "con 200 cerdos ya apenas podemos hacer vida en la calle, no quiero imaginar lo que puede suceder con más de mil".

"Mis nietos no quieren venir a casa porque el hedor es insoportable, tienen que estar en el interior porque hay días en que el aire es irrespirable", ha relatado Martínez, vecina de Tercia.

Ana Belén Bravo, otra de las vecinas afectadas ha expuesto como ni siquiera puede tender la colada en su jardín "porque el olor a purines se impregna en todo" y ha censurado que el ayuntamiento "dé prioridad a los intereses de una explotación ganadera frente a la calidad de vida y la propia salud de los vecinos".

La mujer afirma que su familia vive "rodeada de excrementos y malos olores" y que la situación derivada de la proximidad de una granja a su casa "nos está afectando hasta psicológicamente".

Concepción Bravo, portavoz de la plataforma ha apostillado que "no estamos en contra de los ganaderos pero sí creemos que las administraciones públicas deben gestionar adecuadamente para hacer compatible el desarrollo de esta actividad con el derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente adecuado".

Francisco José Lucas, abogado de la plataforma, ha explicado que no se trata de "una guerra de los vecinos contra los ganaderos", sino de conciliar los derechos de los ciudadanos con los intereses económicos de esta actividad profesional.

El letrado sostiene que lo ideal sería que las administraciones públicas pudieran armonizar ambas realidades pero ha señalado que ante la colisión actual deben prevalecer los derechos de las personas sobre los intereses mercantiles.

Al acto de protesta también ha acudido Gregoria López Ostra, la lorquina que consiguió que en 1994 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara al Estado español por no haber protegido su derecho a la vida privada, reclamado sin éxito ante los tribunales españoles, por los perjuicios ocasionados por la instalación, a pocos metros de su casa, de una estación depuradora de aguas y desechos de una empresa de curtidos.

La doctrina de la sentencia de Estrasburgo, que deberá orientar a los tribunales españoles al sentar jurisprudencia, impone a los poderes públicos una obligación de protección a los individuos cuando éstos se ven afectados en sus derechos, especialmente el de su vida privada.

El tribunal consideró entonces inadmisible la pasividad del Ayuntamiento de Lorca, en orden a su papel de actor público garante de los intereses de los administrados y entendió que el consistorio no supo mantener "un justo equilibrio" entre el interés económico empresarial y el derecho de la demandante a su vida privada y familiar.

López Ostra ha dicho confiar ahora en que su larga lucha judicial sirva de impulso a los vecinos de esta plataforma en sus demandas ante la administración local.

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