Acusan a la Junta de incumplir resoluciones sobre la agricultura ecológica

La Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha ha acusado a la Junta de incumplir dos resoluciones aprobadas en las Cortes para hacer viable la actividad y el pago íntegro de las compensaciones establecidas en 2015 a los agricultores ecológicos.

En un comunicado, la Plataforma ha vuelto a denunciar los recortes anunciados tras la publicación de la Orden que dejó fuera a más de 3.000 agricultores ecológicos de los 6.700 existentes, lo que -aseguran- está provocando "graves problemas económicos y de liquidez, llegando incluso a producirse embargos en algunos casos".

Dicha orden ha sido recurrida por la Plataforma ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por considerarla ilegal y contraria a los principios jurídicos que establece la Constitución.

De los agricultores que se acogieron a la línea de mantenimiento de la agricultura ecológica, muchos "no han recibido ni un solo euro y los que lo han hecho solo han recibido una parte", ha subrayado el colectivo.

Además de éstos, aquellos agricultores que tienen cultivos leñosos, vid y olivar y que se acogieron en 2011 a la agricultura ecológica, "unos no han percibido nada y otros tan solo un 30 por ciento de lo que legalmente les corresponde", ha denunciado la plataforma, a pesar de que a esta línea de ayuda para el 2015 no le afecta legalmente la orden de marzo de 2016 que establecía los recortes.

Ante esta situación, la plataforma ha considerado que el Ejecutivo regional no solo ha incumplido las resoluciones de las Cortes, sino el anuncio que realizó sobre el pago a todos los agricultores ecológicos antes del 30 de septiembre de 2016, "sin olvidar que todavía quedan bastantes expedientes sin pagar, sobre todo los del 2014".

La Plataforma ha instado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, a que cumpla las enmiendas de las Cortes de Castilla-La Mancha y a cambiar "la política errática" que, a su parecer, aplica el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, al que acusan de falta de voluntad para solucionar este problema.

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