La Unión Temporal de Empresas (UTE) Pasaia Berri, adjudicataria del proyecto de construcción de la nueva lonja de Pasaia, ha presentado una demanda contra la Autoridad Portuaria por un importe de 8,2 millones de euros.
En su demanda, a la que ha tenido acceso EFE, Pasaia Berri -UTE integrada por las empresas Lurgoien y FCC Construcciones- solicita la resolución del contrato y alega que la Autoridad Portuaria de Pasaia no ha abonado a la adjudicataria ninguna certificación de obra desde el mes de mayo de 2015.
Esta polémica obra se halla paralizada y bajo investigación judicial tras detectarse un desfase de unos 5 millones de euros y diversas irregularidades que en julio 2015 describió una auditoría de Puertos del Estado, que determinó que se habían ejecutado y abonado trabajos correspondientes a un proyecto modificado "con carácter previo a su tramitación administrativa" y sin cobertura presupuestaria.
Estas irregularidades llevaron al presidente del puerto, Ricardo Peña (PNV) a destituir en febrero de 2016 al director de la APP, Gregorio Irigoyen, y a incoar un expediente disciplinario al jefe del Departamento de Infraestructuras del puerto, David Candelario, quien ejercía como director de obra.
La Abogacía del Estado denunció los hechos en abril de 2016 ante la Fiscalía y en junio las dependencias del puerto fueron registradas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En su demanda, interpuesta el pasado 8 de febrero, Pasaia Berri, sostiene que ha ejecutado trabajos que no han sido debidamente abonados "desde hace más de 15 meses, sin que ni siquiera se remitan las certificaciones de trabajos ejecutados".
La UTE, que tacha de "errática" y "caótica" la tramitación de la obra, asegura que la Autoridad Portuaria "ha llevado a cabo una actuación absolutamente anómala", al ordenar la ejecución de trabajos "inicialmente no contemplados en el proyecto, sin modificar previamente dicho proyecto", aunque posteriormente "fue descertificando" unidades de obra por la "ausencia de disponibilidad presupuestaria".
Estas irregularidades que describe la UTE en su demanda coinciden con las que detalló la auditoría de Puertos del Estado en julio de 2015.
Pasaia Berri sostiene que las obras se encuentran actualmente "paralizadas por causas ajenas" a la adjudicataria, pese a que se ha sobrepasado el plazo establecido, "en una situación que no cabe sino considerar como de desestimiento y abandono de los trabajos por la Autoridad Portuaria".
La UTE recuerda que en diciembre de 2015 la Autoridad Portuaria acordó iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto "para justificar y hacer posible el pago de los trabajos ejecutados fuera de proyecto".
Sin embargo, Pasaia Berri indica que "no se ha respetado el plazo legal máximo para dictar una resolución de dicho expediente", ya que hasta la fecha "no se ha llegado a resolver".
La UTE considera que "la única intención del expediente en su conjunto y de la Autoridad Portuaria de Pasaia en general es retrasar lo más posible el pago de trabajos ejecutados hace muchos meses y además reducir lo más posible el importe de las cantidades a abonar".
La lonja, uno de los proyectos "estrella" de la regeneración de Pasaia, se adjudicó en 14,9 millones de euros, aunque diversos imprevistos, que la UTE en su demanda atribuye fundamentalmente a las "evidentes carencias" y deficiencias del proyecto inicial, han situado su coste ya por encima de los 21 millones.
Pasaia Berri, que ha acompañado su demanda de un informe pericial, valora los trabajos ejecutados en 21.750.108,52 euros, de los que ha cobrado 17.060.072,91 euros, por lo que solicita el pago de la cantidad restante, 4.690.035,61 euros.
Además, solicita otros más de 3,2 millones en concepto de perjuicios ocasionados por la demora del plazo de la obra, además de más de 400.000 euros por intereses de demora, lo que suma una reclamación total de 8.232.362,80 millones de euros.
A parte de la investigación judicial sobre las irregularidades, el Tribunal de Cuentas del Estado abrió diligencias y las archivó el pasado mes de febrero al concluir que "no concurren los requisitos exigidos para la existencia de responsabilidad contable por alcance".
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