BBVA dice que su prioridad es que se esclarezcan los hechos y la colaboración con la justicia

El presidente de BBVA, Carlos Torres, afirma que la "prioridad" de la entidad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya acordado este lunes imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En un comunicado, la entidad señala que la condición de investigado "no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito" y destaca que BBVA ha venido aportando información a la causa desde su inicio.

Asimismo, resalta que ha compartido también con la justicia de manera "proactiva" los hallazgos relevantes de la investigación 'forensic' encargada a Garrigues, Uría Menéndez y PwC. De hecho, subraya que tanto el escrito de la Fiscalía como el auto del Juzgado de este lunes "citan la colaboración activa de BBVA en la causa".

"Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo", ha enfatizado Torres.

Siguiendo la petición de la Fiscalía del pasado 24 de julio, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha declarado a BBVA como parte investigada en el marco de la pieza número 9 del caso 'Tándem', sujeta a secreto de sumario, por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Adicionalmente, el Juzgado ha decidido, en esta fase incipiente de la instrucción, no aceptar por el momento la solicitud de BBVA de personarse como parte perjudicada por los hechos investigados, y posponer su decisión definitiva sobre esta cuestión a una fase posterior, tal como indica el auto.

El juez pidió al BBVA que designe a una persona como representante ante el juzgado pero ha rechazado la petición de la entidad de personarse como perjudicado en la causa. La Fiscalía solicitó la imputación del banco la semana pasada después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y la aportada por el BBVA.

Documentos que, a juicio de Anticorrupción, acreditarían que los pagos "ilícitos" a la empresa de Villarejo, Cenyt, "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal" y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía.

La Fiscalía asocia el delito de cohecho activo a que las contrataciones a Villarejo tuvieron como objeto "múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito" cuando el excomisario -en prisión desde noviembre de 2017- aún era policía en activo y por tanto su cargo era incompatible con estas labores.

Los "múltiples" delitos de descubrimiento y revelación de secretos derivarían de la información a la que consiguió acceder Villarejo de manera ilegal para aportar al BBVA, que supone, según la Fiscalía, "una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria".

En cuanto al delito de corrupción en los negocios, según Anticorrupción, éste se pudo producir porque alguno de los directivos del BBVA investigados "habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones".

Varios cargos actuales y pasados del banco están investigados en esta causa, que es secreta, incluido el exconsejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, que abonó una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión. De hecho, hoy mismo ha declarado como investigado el exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco Antonio Béjar, que anunció el pasado viernes su intención de colaborar con el juez y que este lunes ha aportado nuevos documentos a la causa.

A raíz de su comparecencia, la Fiscalía ha retirado la petición de libertad bajo fianza de 500.000 euros que solicitó el viernes para Béjar, recién cesado como presidente de Distrito Castellana Norte (DCN).