Asociación de frigoristas denuncia ante la CE el impuesto a gases fluorados
La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT), que agrupa a frigoristas y distribuidores de refrigerantes españoles, presentó[…]
La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT), que agrupa a frigoristas y distribuidores de refrigerantes españoles, presentó hoy una denuncia ante la Comisión Europea (CE) por considerar que el impuesto a los gases fluorados de efecto invernadero va contra las normas europeas de competencia.
La denuncia, dirigida contra el Ministerio de Hacienda y la Función Pública, argumenta que la tasa "genera distorsiones en la competencia" para las empresas sometidas a ella y para con las compañías del resto de Estados miembros, indicó AEFYT en un comunicado.
Según la asociación, el impuesto, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, ha provocado una disminución del 50 % en las ventas de las distribuidoras de gases fluorados en el mercado español, dado que los consumidores españoles introducen el producto de forma irregular adquirido en otros países donde no existe este impuesto, sobre todo desde Francia, Portugal e Italia.
Además, argumentan que el elevado tipo del impuesto, que puede ascender hasta cien euros por kilogramo de gas emitido, ha impulsado el mercado negro de gases refrigerantes, que ronda entre las 3.000 y 4.000 toneladas, según la asociación.
"La entrada ilícita de gases refrigerantes deriva, asimismo, en emisiones de CO2 incontroladas, eliminando cualquier supuesto efecto medioambiental del impuesto, además del IVA que el Estado deja de ingresar", afirmó en un comunicado Roberto Solsona, presidente de AEFYT.
La asociación subraya que el impuesto crea un "agravio comparativo" con respecto a los profesionales del resto de la UE, al tiempo que incumple también las normas europeas en materia de control de fugas, recuperación, formación y certificación o comercialización de estos gases.
Los fabricantes de instalaciones frigoríficas señalan que las alternativas que han propuesto al Ministerio de Hacienda y al de Agricultura "no han sido escuchadas", motivo por el que piden actuar a la Unión Europea.
.