Un centenar de trabajadores de la hostelería en la provincia de Valladolid se ha concentrado en la Cúpula del Milenio, donde hoy se celebra el II Campeonato Mundial de Tapas, para exigir la entrada en vigor del convenio colectivo firmado el pasado marzo.
La aplicación del convenio permanece pendiente de la entrega del acta de la negociación para su validación jurídica, que obra en poder de la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Hostelería, María José Hernández, a quien los trabajadores acusan de haberla "secuestrado".
"La hostelería de Valladolid denuncia el 'secuestro' de un acta que imposibilita que el convenio colectivo pueda ser registrado. No entendemos las razones para no entregar un acta que existe y está en su poder", ha explicado a los periodistas Héctor Yagüe, miembro de la Federación de Servicios de la UGT para Movilidad y Consumo.
Yagüe ha recordado que los hosteleros llevan tres años de beneficio "batiendo récords", por lo que se ha preguntado: "para cuándo piensan repartir los beneficios?".
Los manifestantes, convocados por UGT y CC.OO, han pedido la dimisión de María José Hernández, como responsable principal de este debate.
El nuevo convenio, pendiente de su entrada en vigor, asigna hasta 2022 unos salarios de 1.171 euros mensuales para un camarero, cocinero o recepcionista. y de 1.080 para los ayudantes.
La patronal hostelera alega que la firma del convenio afectaba solo a las grandes empresas hosteleras y no a los pequeños negocios, origen del conflicto según los manifestantes.
A su llegada a la apertura del II Campeonato Mundial de Tapas, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha conversado con los trabajadores concentrados frente a la Cúpula del Milenio, a quienes ha expresado su apoyo y reiterado su intención de seguir mediando en un conflicto ya denunciado ante la Inspección de Trabajo y que no ha podido resolver el Servicio de Relaciones Laborales (Serla).
"No es de recibo que se les hurte un documento", ha manifestado el alcalde a los periodistas antes de agradecer la "discreta" protesta de los afectados ante la sede de un certamen gastronómico de prestigio internacional.
Puente ha pedido un "mínimo de cordura" para resolver este conflicto "de forma decorosa" y recordado que los afectados pueden recurrir ante los tribunales.
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