Investigan a una empresa por no proteger a operarios que trabajan con amianto

La Guardia Civil ha investigado en Lanzarote a una empresa de reformas por un supuesto delito contra los derechos de[…]

La Guardia Civil ha investigado en Lanzarote a una empresa de reformas por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, presuntamente cometido al no dotar de protección a operarios que trabajaban con micro-cemento amiantado o uralita, un material peligroso.

Tras conocer, el pasado 27 de noviembre, las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo en una nave industrial del municipio de Teguise, agentes del instituto armado se personaron en el lugar, desde cuya puerta principal observaron a varios trabajadores manipulando el material del tejado sin cascos ni arneses de seguridad.

Una vez en el interior de la nave los agentes comprobaron que los trabajadores tampoco disponían de mascarillas, trajes de protección individual y guantes, requeridos para la manipulación del material con el que trabajaban, ya que estaban sustituyendo el antiguo techo por otro nuevo, siendo el anterior de micro-cemento amiantado, un material considerado peligroso para la salud, ha informado hoy el instituto armado en un comunicado.

Al solicitar la documentación laboral del proyecto, los trabajadores manifestaron que desconocían si su empresa estaba autorizada o no para la manipulación del mencionado material.

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En una segunda inspección completa de la obra, realizada al día siguiente, la Guardia Civil, junto a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, observaron que los trabajadores sí disponían de arneses de seguridad y guantes, pero no de mascarillas.

Tras consultar la documentación requerida un día antes, los agentes dedujeron que la empresa que contrató a los trabajadores no estaba autorizada a manipular el citado material.

Además, Inspección de Trabajo paralizó las obras por el referido incumplimiento de las medidas de seguridad en la manipulación y tratamiento del amianto y por carecer de aseos y de un plan de trabajo.

Del delito observado, y en base al artículo 316 del Código Penal, la Guardia Civil ha remitido la identificación de la empresa en cuestión al juzgado correspondiente como supuesta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores.

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