Francia endurece las sanciones por el fraude de trabajadores desplazados

El Gobierno francés presentó hoy un plan que endurece las sanciones por el fraude de las empresas que recurren a trabajadores desplazados de otros países europeos, cuyo número se disparó un 46 % el pasado año, hasta 516.101.

La ministra francesa de Trabajo, Muriel Pénicaud, dio a conocer en conferencia de prensa una batería de 16 medidas, entre las que destaca aumentar las multas de 2.000 a 3.000 euros por trabajador en infracción (6.000 en caso de reincidencia), que se añadirán a la suspensión de la prestación del servicio.

Además, se generalizará la publicación de las condenas por trabajo ilegal, lo que se espera que tenga consecuencias para la reputación de las compañías implicadas y para la posibilidad de conseguir nuevos contratos en el futuro.

Se ampliarán las competencias de los prefectos (delegados del Gobierno) para ordenar el cese o el cierre de una actividad en la que se haya constatado una infracción.

"La lucha contra el trabajo ilegal y contra el fraude en los trabajadores desplazados constituye uno de los principales ejes de nuestra política de control porque esas actuaciones atentan contra los derechos de los trabajadores y son un factor inaceptable de competencia desleal", explicó en un comunicado Pénicaud.

La ministra comunicó, junto a este "plan nacional de lucha", el salto del 46 % en el número de trabajadores desplazados en 2017 (tras el 24 % de 2016 y el 25 % de 2015), a lo que contribuyeron en primer lugar asalariados llegados desde Alemania (37.507), España (25.691), Portugal (20.997) y Bélgica (14.624).

El pasado año, la Administración francesa ingresó 5,9 millones de euros por 1.034 sanciones administrativas resultantes de 11.579 intervenciones (un 59 % en el sector de la construcción), frente a los 2,4 millones por 453 emitidas en 2016.

La reforma de esta regla en la UE -una de las prioridades del presidente francés Emmanuel Macron- ha suscitado roces con países como Polonia, cuyos trabajadores tienen salarios más bajos que los franceses.

Varsovia, que se siente perjudicada por ese cambio, achacó a Francia la pérdida de competitividad por conceder a sus trabajadores "beneficios sociales gigantescos".