Federación nacional de repartidores pide a Boyacá negociar con transportistas

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer) pide a la distribuidora de prensa Boyacá que reanude la negociación del conflicto laboral que la empresa mantiene con sus repartidores autónomos desde el pasado viernes para evitar así el despido de 130 transportistas y una bajada salarial del 60%.

Tras un año negociando la renovación del contrato que finaliza el 31 de agosto, siguen "muy alejadas" las posiciones entre la Asociación de Repartidores de Prensa de la Comunidad de Madrid y la empresa logística Boyacá, actual propietaria de Distribución Integral (DIMA) que antes pertenecía a las grandes editoriales de periódicos españoles.

La pretensión de Boyacá es "despedir al 60% de la plantilla actual", de 240 transportistas autónomos, y que aquellos que continúen trabajando desde el 1 de septiembre "rebajen sus ingresos al 60% de lo que actualmente perciben", señala la Federación en un comunicado.

"Los repartidores acumulamos desde 2011 una reducción de ingresos de 55 millones de euros", situación que empezó ya en la etapa de DIMA y continuó en 2013, cuando Boyacá compró esa empresa y "aplicó un nuevo reajuste firmado en marzo de 2014 que supuso un plan de reducción de plantilla por el que se marcharon unas 75 personas en cuatro años", ha dicho a EFE el portavoz Francisco Asensio.

"De los 240 repartidores actuales, 85 son autónomos económicamente dependientes (trade), ya que facturan más del 75% de sus servicios a un solo cliente, Boyacá, de la familia Villanueva", explica el portavoz de los repartidores.

"No estamos en huelga; la empresa no nos deja entrar a trabajar porque no aceptamos su propuesta", según Asensio que pide negociar una reducción de trabajadores "escalonada en el tiempo, instando a los de más edad, mayores de 60 años, mediante indemnizaciones, a salir de una forma honrosa", añade.

Los repartidores tienen "unos ingresos netos de 900 euros mensuales de media", tras el pago de "la cuota de autónomo, letras de la furgoneta, amortización del vehículo, combustible, averías, desayuno diario en la calle, seguro de coche un 150% más caro por ser de servicio público", entre otros gastos fijos, continúa el portavoz.

De ahí que hayan pedido hoy "la mediación del Ayuntamiento y de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid", porque necesitan el apoyo de "agentes sociales, políticos, sindicatos, para instar al patrón a reanudar la negociación", recalca a Efe.

La Federación nacional de repartidores recuerda que el pasado 20 de julio, estos se reunieron en asamblea en las instalaciones de Boyacá en Torrejón de Ardoz, con la consiguiente "represalia por parte de la dirección de la empresa distribuidora de solicitar la intervención policial de los antidisturbios y la imposibilidad de los repartidores de acceder al recinto, situación que se mantiene hasta la fecha", continúa Fenadismer.

Como resultado, durante los últimos 4 días los quioscos de prensa de la Comunidad de Madrid se han "visto obligados a cerrar sus negocios ante la falta de suministro de la prensa diaria y de algunas revistas semanales, que la empresa distribuidora está tratando de paliar con la contratación ilegal de vehículos particulares para intentar hacer el reparto diario", añade la nota.

Desde la Federación, "apelamos a la empresa distribuidora a que reconsidere su posición radical y se avenga a mantener una negociación responsable y sensata con la actividad profesional que llevan desarrollando los repartidores de prensa durante los últimos 30 años".

Fenadismer recuerda, asimismo, que "ya sufrieron un recorte similar, lo que supuso a la empresa distribuidora un ahorro de más de 100 millones de euros en los últimos 7 años".

Por su parte, la Asociación de Medios de Información (AMI) expresó el "más contundente rechazo" de los editores hacia los paros, así como "la violencia ejercida" por los repartidores para "impedir la distribución a los puntos de venta".EFE

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