El Juzgado de lo Social 3 de Cádiz determina que ex Delphis pierdan subsidios

El juzgado de lo Social 3 de Cádiz, que lleva demandas por la simulación de contratos laborales a los ex trabajadores de Delphi por FUECA y otras entidades, ha tenido en cuenta la medida cautelar propuesta por el Servicio Público de Empleo, por lo se suspenderán los subsidios a los exempleados.

Aunque aún es pronto para calcular a cuantas personas puede afectar la medida, una decena de ellos ya han recibido la notificación del SEPE y no cobrarán el próximo día 10, aunque los sindicatos temen que sean más de 160, los que tienen su causa en este juzgado, los que se queden sin cobrar o tengan que devolver las prestaciones.

"Estamos desesperados e indignados" ha asegurado a Efe Miguel Paramio, portavoz del sindicato USO, quien afirma que los subsidios "eran un derecho" que tenían y por culpa de un fraude ajeno a ellos les quitan el sustento que por ley les hubiera correspondido en su momento cuando lo hubieran tramitado.

"Yo creo que eso es un atentado porque es el subsidio que tiene una familia para subsistir por una circunstancia ajena a los ex empleados", ha añadido Paramio.

En todas las demandas, el SEPE solicitaba como medida cautelar interrumpir el abono de las prestaciones pendientes "por el elevado número de afectados e importes cuya recuperación puede ser dificultosa".

En cambio los titulares de los juzgados números 1 y 2, que llevan la causa del resto de los 426 ex Delphis que estuvieron contratados mientras recibían cursos de formación, han determinado que "no hay argumentos suficientes para la suspensión"

Por ello, los sindicatos estudian acudir a la Audiencia Provincial y solicitar incluso la intervención del Gobierno Central.

"Creemos que no ha habido una unificación de criterios y sería ilógico que el SEPE les aplicara a unos la suspensión y a otros no cuando esto es una cuestión ajena al trabajador pero le suspende el único sustento que tiene que son los 426 euros", ha afirmado Paramio.

USO teme que, si la suspensión se prolonga hasta el inicio del juicio, fijado a principios de 2018, los ex trabajadores no puedan hasta esa fecha cobrar ningún tipo de prestación.

"Unos acuerdos firmados con la Junta de Andalucía nos han llevado a esta situación", argumenta el representante de USO que se pregunta "qué va a hacer una familia sin esos mínimos recursos".

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