El Gobierno de CLM convoca mañana de urgencia la Mesa de la Función Pública

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para mañana de urgencia la Mesa de la Función Pública para estudiar con los sindicatos la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de la reducción de 37,5 a 35 horas semanales de la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta.

La reunión tendrá lugar a lo largo de la mañana y estará presidida por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, según han informado a Efe fuentes del Gobierno castellanomanchego.

El encuentro tendrá lugar después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central en funciones a la ley de Castilla-La Mancha que reduce la jornada laboral de los empleados públicos e incluye la posibilidad de ampliar la edad de jubilación del personal funcionario más allá de los 65 años.

De este modo, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto, queda sin efecto la ley aprobada en Castilla-La Mancha que se aplica desde el 1 de enero 2016.

Ruiz Molina trasladará a los sindicatos que el Gobierno regional "garantizará que todos los empleados públicos contratados a partir de la entrada en vigor de la jornada de 35 horas semanales el pasado 1 de enero seguirán trabajando en la Junta de Comunidades", ha indicado en una nota de prensa la Junta de Comunidades.

Asimismo, el consejero ha recordado que así lo ha avanzado ya el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se comprometió a devolver a los empleados públicos de la región la jornada de 35 horas semanales tras los recortes a sus derechos de la pasada legislatura.

En este sentido, Ruiz Molina ha lamentado: "Que el Gobierno en funciones de Rajoy haya materializado su amenaza contra los empleados públicos de esta región y que mientras el Ejecutivo regional intenta recuperar derechos de los funcionarios y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, haya alguna mano negra que intente poner palos en la rueda".

Al convocar la Mesa de la Función Pública, el Gobierno regional "quiere que sean los representantes de los empleados públicos los primeros en ser informados de los trámites que llevará a cabo el Ejecutivo tras la admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional".

Esta decisión afecta a cerca de 70.000 empleados públicos, incluido profesorado y personal sanitario.

El acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso Efe, determina un plazo de quince días para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, las Cortes regionales, el Congreso de los Diputados y el Senado puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

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