Facilitan que 60 mujeres se incorporen al registro de titularidad compartida

La Oficina Nacional de Titularidad Compartida atendió en su primer año de funcionamiento a un total de 400 consultas de mujeres agricultoras y ganaderas interesadas en incorporarse al registro de titularidad compartida, de las que sólo 60 finalmente consiguieron el alta como titulares.

La presidenta Nacional de AMFAR, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Lola Merino y la directora de esta oficina, Mariana Fuentes, han ofrecido hoy en rueda de prensa el balance de este primer año de funcionamiento.

Lola Merino y Marina Fuentes han reconocido, a preguntas de los periodistas, que el balance a pesar de ser bueno, pone de manifiesto que aún "son pocas" las mujeres que deciden darse de alta como titulares de explotaciones agrarias o ganaderas, pese a los beneficios que ello conlleva.

De hecho, ha recordado que en España, de unas 200.000 mujeres que podrían solicitar este reconocimiento, tan sólo hay 447 mujeres dadas de alta, de las que 164 son de Castilla y León y 130 de Castilla-La Mancha.

La oficina, ha recordado Merino, abrió sus puertas en octubre del año pasado con el objetivo de informar, asesorar y acompañar a las mujeres que voluntariamente quisieran gestionar la explotación agraria junto a su marido, pareja de hecho o relación análoga de efectividad, bajo la figura jurídica de la titularidad compartida.

La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias es una norma básica para "garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres en el sector agrario, ya que permite reconocer plenamente el trabajo y las responsabilidades de gestión que las mujeres vienen ejerciendo en las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas", ha subrayado.

Esta Ley entró en vigor en enero de 2012 y vino a dar respuesta a una reivindicación histórica de AMFAR en favor de las mujeres del sector agrario.

"Con esta Ley conseguimos dar visibilidad a todas las mujeres que trabajaban en las explotaciones agrarias y lo hacían como ayuda familiar" y ha seguido diciendo, "gracias a la titularidad compartida, las esposas de agricultores y ganaderos pueden disfrutar de sus propias prestaciones sociales, ver reconocido jurídicamente el trabajo que realizan en la explotación familiar y recibir un tratamiento digno en caso de separación o divorcio, entre otras bondades".

Sin embargo, lo datos no son todo lo bueno que esta organización cree que deberían ser, por ello, consideran importante pedir al Ministerio de Agricultura mejoras en la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.

Una mejoras, que ha dicho la presidenta de AMFAR pasa porque las propias administraciones públicas "no frenen" la incorporación de las mujeres a este registro, evitando las trabas administrativas y poniendo los recursos necesarios que hagan que el camino sea más fácil.

Además, ha reclamado poner en marcha canales específicos de información y publicidad para que las mujeres sepan que pueden optar a tener reconocidos beneficios tan importantes como poder tener derecho a prestaciones sociales y prestaciones por desempleo como cualquier trabajador que cotiza por su trabajo.

Merino también ha reclamado la complicidad de las comunidades autónomas para facilitar que sea posible que más mujeres puedan consolidar sus derechos.

Por su parte, Mariana Fuentes ha resaltado los beneficios que adquiere la mujer con la Titularidad Compartida, desde el derecho al 50% de todos los beneficios e ingresos generados por la explotación, a una reducción del 30% en las cuotas a la Seguridad Social por un periodo de cinco años, acceso a una pensión contributiva originada por la cotización a la Seguridad Social, así como un trato preferente en el acceso a ayudas o subvenciones de la Administración.

.