Plataforma Ávila Libre de Peajes denuncia al Gobierno ante Comisión Europea

La Plataforma Ávila Libre de Peajes ha anunciado hoy la presentación de una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea, por la forma en la que dio cumplimiento a la sentencia del TSJUE, tras declarar ilegal la concesión a Iberpistas de la ampliación de la AP-6 y la construcción de la AP-51 y la AP-61.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la Plataforma, Ángel Zancajo, la sentencia del TSJUE "se ha cumplido", aunque en su opinión, de una forma que resulta "muy difícil de entender para los ciudadanos", de ahí que este colectivo vaya a seguir denunciando este "absurdo".

En su momento, la Plataforma solicitó la liberalización de estas infraestructuras, con el apoyo de las Cortes de Castilla y León el pasado febrero y de diversas administraciones, llegando a reunir hasta 48.000 firmas de apoyo.

Ahora plantea otra denuncia contra el Gobierno de España ante las instituciones europeas por la forma en la que dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE el 22 abril 2010, que declaraba "ilegales" las adjudicaciones de las obras de la AP-51, AP-61 y el tercer túnel de la AP-6.

El Gobierno creyó cumplida la sentencia aprobando en 2012 un Real Decreto que, según ha denunciado hoy la Plataforma Ávila Libre de Peajes, hará que los ciudadanos estén pagando a Iberpistas el peaje, como mínimo, hasta 2024, aunque podría llegar a un máximo, en 2029.

Además, señaló que después habrá una nueva licitación por otros siete años, lo que podría alargar la concesión hasta 2031 o incluso hasta 2036.

Zancajo ha hablado de la posibilidad de que el Ejecutivo se pueda ver obligado a indemnizar a Iberpistas por una cantidad que compensara lo que dejara de ganar en esos siete años.

"Lo que pretendía ser una sentencia condenatoria, se convertirá en un premio para Iberpistas y una doble condena a los ciudadanos españoles", según el portavoz de la Plataforma.

Ante esta situación, la Plataforma ya no pedirá que se cumpla el fallo que la Comisión Europea da por cumplido, sino que se derogue el Real Decreto de 2012,, para lo cual solicita la ayuda de los diputados por la provincia de Ávila, entre los que se encuentra el presidente nacional del PP, Pablo Casado.

Además, se reunirán con el subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, para entregarle las 48.000 firmas recogidas en su momento para pedir la liberalización de estas tres autopistas.EFE

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