Ciudadanos presenta 42 alegaciones al PIAT del Consell de Mallorca

Ciudadanos ha registrado 42 alegaciones al al Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) aprobado inicialmente por el Consell de Mallorca y su portavoz, Catalina Serra, ha criticado que en el proceso de elaboración no se ha contado con todos los sectores implicados en la actividad turística.

Cs ha calificado el PIAT de "documento unilateral que no cuenta con todos los sectores implicados en la actividad turística de la isla", en un comunicado en el que considera que dicho plan "achaca al alquiler vacacional problemas que tienen como origen la falta de directrices serias y responsables en la gestión de las infraestructuras".

Serra ha apuntado que "el PIAT habla de desestacionalización, calidad o de innovación, pero lo cierto es que no se toma ninguna medida efectiva que suponga una apuesta por esos elementos fundamentales para el turismo en una isla que vive mayoritariamente de esta actividad".

Según la portavoz de Cs en el Consell, la lentitud en los trámites que tienen que hacer los ciudadanos para seguir las indicaciones del PIAT "está ya dañando los resultados de las empresas, lo que se traducirá en un descenso en la recaudación de impuestos y, por tanto, en la calidad de vida de la isla".

Serra ha explicado que uno de los aspectos que más preocupa a Cs es "la ausencia de mecanismos para permitir a los ayuntamientos adaptarse al PIAT sin generar un colapso en sus servicios de urbanismo".

La consellera de Cs ha pedido que el Consell ejerza de coordinador entre los ayuntamientos y solicite fondos del impuesto turístico "para poner a disposición de los consistorios un equipo de especialistas que les ayuden a adaptarse al PIAT y que garanticen que esta adaptación se hace con coherencia en toda la isla, no cada ayuntamiento por su lado".

Serra ha augurado que "el PIAT no sólo acabará judicializado al ir en contra de la directiva Bolkestein por las fuertes restricciones que impone al alquiler turístico, sino que supondrá un exceso de trabajo para los Ayuntamientos, que no podrán responder a tiempo a los ciudadanos, generando así inseguridad jurídica entre la población".EFE

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