El Consell no permitirá abusos en el alquiler de viviendas

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha afirmado que no permitirá "ningún tipo de abuso ni discriminación en el alquiler de viviendas" y ha advertido de que, en caso necesario, se estudiará "tomar medidas sancionadoras ante estos hechos".

Para la consellera, "los abusos en materia de alquiler atacan directamente al derecho a la vivienda digna, asequible y adecuada de todos los valencianos, son discriminatorios e incluso pudieran ser considerados ilegales según la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y la Constitución Española".

Salvador ha señalado que "la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana es un mecanismo directo para combatir situaciones que pudieran suponer una diferencia de trato diferenciado no justificado o un trato discriminatorio, y establece un catálogo de sanciones por importe de 3.001 euros hasta 30.000 euros para este tipo de infracciones".

Así, por ejemplo, ha explicado que "la Ley recoge sancionar conductas como negar el arrendamiento de un inmueble para vivienda habitual a personas que tuvieran menores a su cargo" y ha añadido que "este tipo de actuaciones resultarían prohibidas por el catálogo de conductas recogido en el artículo 28 de la Ley".

La consellera ha insistido en que, aunque la Ley "no incluye una relación tasada de conductas constitutivas de discriminación directa o indirecta para evitar la protección de determinados sujetos o derechos en detrimento de otros que pudieran omitirse, sí se describen los elementos para identificar estas conductas lo que permitirá a la Generalitat realizar una actuación integral protectora".

Según Salvador, "con la Ley de la Función Social de la Vivienda, la Generalitat da una respuesta concreta en materia de vivienda, a las necesidades de las personas y colectivos más necesitados de protección con el catálogo de sanciones para combatir estas conductas".

A esto se une que "la Ley por la Función Social de la Vivienda faculta a la Generalitat para prestar, como servicio de interés general, instrumentos de mediación o arbitraje en materia de arrendamiento de vivienda que permitan atajar de manera más eficaz este tipo de problemáticas, por lo que a medio plazo se pondrá en marcha este mecanismo para velar por los intereses no discriminatorios de acceso a la vivienda".

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