Defensor Pueblo insta a EPES a reforzar el control laboral de gestora del 061

El Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) a que refuerce las medidas de control del cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social por parte de la empresa adjudicataria de la gestión telefónica del 061.

En su informe, al que ha tenido acceso Efe, la institución aconseja a EPES que, en el contexto de la legislación de contratos del sector público aplicable a estas licitaciones, "se precisen las consecuencias de los incumplimientos laborales y de seguridad social de la empresa contratista".

El documento con las recomendaciones ha sido remitido por el Defensor del Pueblo al director gerente de EPES a raíz de un expediente de queja promovido por el sindicato CGT, que fue abierto en octubre de 2015 por un conflicto laboral en el seno de la empresa Ilunion, y se reabrió el pasado año.

En su resolución, de fecha 26 de julio, el Defensor del Pueblo Andaluz espera que EPES responda en el plazo de un mes al escrito en el que formula cuatro recomendaciones.

Además del control sobre las obligaciones en materia laboral, aconseja que se refuerce la aplicación de las consideraciones sociales que se establecen en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 2016 por el que se impulsa la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.

Y añade que teniendo en cuenta que la consecución de los objetivos públicos de la contratación a los que se vincula la inclusión de estas obligaciones de índole laboral y social depende, en buena medida, del cumplimiento efectivo de las mismas, éstas deben someterse al mismo control que el resto de obligaciones contractuales.

En el caso de los incumplimientos laborales y de seguridad social, considera que hay que precisar la medida a adoptar "en atención a la gravedad del incumplimiento" y su incidencia en la prestación de "un servicio público que tiene la consideración de esencial para la comunidad", de manera que sea posible tomarla durante la vigencia del contrato.

El Defensor del Pueblo plantea que, atendiendo a las circunstancias, características y funciones especializadas que concurren en el servicio de gestión telefónica de las llamadas de emergencia sanitaria, se deben realizar "los correspondientes estudios de idoneidad previos a su contratación" antes de determinar una próxima contratación externa del mismo.

El sindicato CGT, que formuló la queja que ha motivado esta resolución, ha valorado hoy el informe, "al llamar al orden a la Consejería de Salud y EPES", ya que insta a "cumplir la ley de contratos del sector público" y a tener en consideración que se trata de "un servicio esencial para la población que no puede quedar en manos privadas alegremente".

En un comunicado, ha señalado que permanecerán "atentos" al pronunciamiento de EPES y que generarán "documentación en modo de resoluciones" de la Inspección de Trabajo y procedimientos judiciales para "terminar definitivamente con la subcontratación de estos servicios públicos" y garantizar a las plantillas unas condiciones laborales "dignas".EFE

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