Subdelegado Ávila trabajará conjuntamente con su homóloga Segovia autopistas

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, trabajará de manera "conjunta" con su homóloga de Segovia, Lirio Martín, en la búsqueda de una "solución" al "problema común" que a su juicio tienen ambas provincias con los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61.

Barral ha realizado estas declaraciones a Efe tras reunirse con el secretario provincial de CC.OO. de Ávila, Óscar García, y con el presidente de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, que han mostrado su "satisfacción" por el encuentro, dada la "alta receptividad" por parte del subdelegado del Gobierno.

Este último, tras escuchar a García y Bravo, ha mostrado su "compromiso" a trabajar con la subdelegada del Gobierno en Segovia para tratar de "buscar una solución a un problema común que afecta a ambas provincias", en referencia a estos peajes.

En este sentido, ha señalado que en ese encuentro que mantendrán después del verano, transmitirán su postura "común" a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgina Barcones, para que se la transmita a los responsables del Ministerio de Fomento.

Respecto a este departamento, Arturo Barral también ha transmitido su intención propiciar la reunión solicitada en su día por los responsables de Comisiones Obreras y Centaurea con representantes del departamento de José Luis Ábalos.

Mientras tanto, Barral se ha remitido al Real Decreto 525/2012 sobre la concesión de estas tres autopistas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminara que en su día se incumplió la ley en el contrato de las obras de la AP-51 y de la AP-61, así como en la prórroga de la AP-6 a Iberpistas.

El subdelegado del Gobierno en Ávila ha dicho que mientras no sea derogado ese real decreto, se remite a esta "norma legal" que se encuentra "vigente", en base a la cual se decidirá en noviembre de 2019 si la fecha de finalización de la explotación de las autopistas es el año 2024 o 2029.

Precisamente fueron Comisiones Obreras y Centaurea las que denunciaron al Ejecutivo central ante el alto tribunal europeo, que finalmente les dio la razón.

Sin embargo, tanto Carlos Bravo como Óscar García consideran que el real decreto no da cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que supone "un parche que reduce en siete años la concesión".

Al respecto, ambos han reconocido que Arturo Barral les ha comentado que "mientras esté en vigor ese real decreto, la legalidad es esa".

Tras el encuentro con los representantes de Comisiones Obreras y Centaurea, el subdelegado del Gobierno en Ávila se ha reunido con el presidente de CONFAE, Juan Saborido, que le ha pedido que "se aclare la situación de los peajes entre Ávila y Madrid en relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010 y su ejecución".

La patronal abulense ha reclamado que "se luche por aportar soluciones con fechas determinadas, teniendo en cuenta que CONFAE ha defendido siempre que estos peajes son un agravio para los abulenses respecto a los ciudadanos de otros territorios que pueden acceder a la capital de España sin dichos costes".

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