Piden una ley que sancione con eficacia el denominado "turismo de borrachera"

El pleno del ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha aprobado hoy por amplia mayoría reclamar a las administraciones superiores la elaboración de una propuesta de ley que otorgue competencias a los municipios para "dictar normativas específicas" en la lucha contra la conductas incívicas.

El objetivo es erradicar lo que se ha denominado en algunos destinos turísticos como "turismo de borrachera".

Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez, "evitar conductas incívicas debe ser un objetivo de la ciudad".

Un fenómeno que, según el edil, ha provocado que "a veces se vea afectado el equilibrio entre la convivencia y este tipo de conductas".

La propuesta elevada al pleno, en la que se han abstenido el concejal no adscrito Juan García y los Liberales de Gema Amor, también incluye que se reforma la Ley orgánica de Seguridad Ciudadana o las normativas autonómicas "para que puedan tramitarse las sanciones administrativas impuestas a personas que no residan en España", de forma que esa tramitación siga en sus países de origen.

El problema con que se encuentran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad es la "ineficacia" de las sanciones impuestas y ello propicia que la sensación de impunidad "pueda ser un aliciente", ha dicho Martínez.

El edil ha precisado que este tipo de comportamientos "no son alarmantes hoy día" en Benidorm, pero sí ha considerado que "es momento de corregir" para que no se les "vaya de las manos".

Por otro lado, el pleno municipal ha aprobado por unanimidad una propuesta del gobierno local en defensa del trasvase Tajo-Segura, infraestructura que el ejecutivo municipal ha calificado de "imprescindible" para el presente y futuro de la provincia de Alicante, al tiempo que ha rechazado "todo intento de eliminación o minoración".

La moción insta tanto al Ejecutivo central como a la Generalitat a defender el trasvase "en los términos actuales", así como se adhiere al Pacto Provincial del Agua aprobado en abril por la Diputación de Alicante.

En este punto, tanto socialistas como Compromís Los Verdes han achacado al ejecutivo municipal que la propuesta debería haber dimanado de la Junta de Portavoces en lugar de ser "una moción solo del gobierno" local.

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