Los cabecillas de la Gürtel piden al TS que anule el caso por las escuchas ilegales de Garzón
Los cabecillas de la trama Gürtel han retrocedido nueve años, al origen de la causa de corrupción que les ha[…]
Los cabecillas de la trama Gürtel han retrocedido nueve años, al origen de la causa de corrupción que les ha llevado a la cárcel, para intentar quedar exonerados. Los líderes del entramado han vuelto a atacar las escuchas del exjuez Baltasar Garzón, quien grabó las conversaciones de los acusados y sus abogados en prisión y que fue inhabilitado, en el Tribunal Supremo, que debe estudiar los recursos de las partes y revisar la primera condena por una pieza del caso Gürtel. Han alegado que esas grabaciones han contaminado toda la investigación, lesionando el derecho a la defensa y a un proceso justo, principios garantizados por el sistema penal español.
El abogado del cabecilla Francisco Correa ha verbalizado esta queja. El letrado ha argumentado que estas escuchas permitieron a la policía investigadora, a la Fiscalía Anticorrupción y al juez instructor acceder «a las estrategias» de la defensa. Ha denunciado la contaminación que estas escuchas ilícitas generaron en las vías de investigación que se abrieron, y ha atacado especialmente a la UDEF, la policía especializada, que ha marcado el camino de la causa. Según Correa, los informes de estos agentes han condicionado la instrucción y muchas imputaciones.
Con el mismo objetivo de anular el caso Gürtel, la defensa de Pablo Crespo ha denunciado la ilegalidad de las otras escuchas que originaron el estallido del caso: las grabaciones del delator José Luis Peñas, que grabó a Correa mientras hacía vida con él, unas escuchas que permitieron advertir las actividades corruptas. El abogado ha asegurado que estas grabaciones lesionaron el derecho a la intimidad de los acusados y que sembraron «la semilla de la planta de la cicuta», un veneno con el que, según el abogado de Crespo, trabajó después la Policía para investigar.
Aunque los dirigentes de la trama han expuestos estos argumentos en numerosas ocasiones, chochando siempre contra el muro de la Justicia, que les ha negado la razón, es la primera vez que lo solicitan ante la Sala Penal del Supremo, la cúspide del sistema de impugnaciones, que deberá posicionarse sobre la validez del caso.
Revisar las condenas
La Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia han validado en diversas ocasiones la legalidad de la investigación y las grabaciones de Peñas, avalando el hilo que destapó uno de los casos de corrupción que ha sobrevolado la política en la España reciente. El Supremo, el mismo tribunal que condenó a Garzón por prevaricación al interceptar las conversaciones entre los abogados y los líderes de la Gürtel, deberá analizar esta cuestión y sostener o derrumbar el caso. El abogado del tercer principal dirigente de la trama, Álvaro Pérez, alias el Bigotes, también ha planteado que el mismo tribunal que enjuició los amaños de los contratos valencianos fue el que resolvió los recursos del procesamiento, un vicio que no está permitido, como demuestran más de 200 sentencias, ha alegado.
Estas alegaciones han sido expresados por los abogados de los principales acusados en la vista celebrada esta miércoles en el Tribunal Supremo, quien revisará las condenas a los cabecillas de la trama Gürtel por amañar contratos de la Generalitat Valenciana en la feria de turismo Fitur en sus ediciones de 2005 a 2009. El Alto Tribunal escucha los argumentos de las partes y deberá resolver si la sentencia es correcta, si la calificación jurídica del tribunal de primera instancia que enjuició lo que sucedió se corresponde con los hechos probados.
En la vista, la Fiscalía pedirá mantener las condenas de cárcel para los principales dirigentes de la trama. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenó a 13 años de prisión a Francisco Correa, el capo de la red, y a su lugarteniente Pablo Crespo, considerado el número dos. Álvaro Pérez, alias «el Bigotes», fue condenado a doce años. Los tres fueron encarcelados de forma preventiva, tras pedirlo la Fiscalía por riesgo de fuga, y los tres esperan la sentencia de la Audiencia Nacional por las actividades de la red en su primera época, entre 1999 y 2005, en regiones como Madrid, Castilla y León o Murcia. La Fiscalía ha anunciado que se opone a todos los recursos y solicitará mantener las condenas.
