Nueve empresarios reconocen que pagaron ilegalmente 1,2 millones de tres campañas del PP valenciano
Con la boca pequeña, nueve empresarios han reconocido este martes que financiaron de forma irregular tres campañas electorales del Partido[…]
Con la boca pequeña, nueve empresarios han reconocido este martes que financiaron de forma irregular tres campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en la era de Francisco Camps. Todos ellos han manifestado en el juicio oral ?el momento de la verdad? que abonaron un total de 1,2 millones de euros a la formación política para sufragar ilegalmente actos electorales de las campañas de los comicios municipales y autonómicos de 2007, y de las generales de 2008. La confesión supone el reconocimiento de los pagos en negro al Partido Popular y allana el camino a una sentencia condenatoria.
Los empresarios (Gabriel Alberto Batalla, Enrique Ortiz, Vicente Cotino, Enrique Gimeno, Antonio y Alejandro Pons, Rafael y Tomás Martínez Berna) han abierto este martes el turno de interrogatorios del juicio por la financiación ilegal del PP valenciano, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, entre las fábricas de un polígono industrial. La secuencia ha sido la misma: los empresarios han reconocido los hechos de la acusación leídos por la fiscal del caso, con palabras escasas, sin aportar ninguna explicación ni responder a las defensas de los otros acusados.
Esa confesión supone reconocer que estos empresarios asumieron el pago de 1,2 millones de euros que el PP valenciano debía a la empresa Orange Market, parte del entramado de la red corrupta Gürtel. Esta firma, controlada por el acusado Álvaro Pérez, alias el «Bigotes», se encargó de organizar mítines electorales para el partido y de controlar la inserción de publicidad en vallas, autobuses o medios de comunicación. Parte de estos servicios fueron abonados por grupos empresariales bajo facturas falsas.
El objetivo de la estratagema era ocultar la identidad de los pagadores, pues estos grupos no podían hacer donaciones al PP al tener relaciones contractuales con la administración pública, y superar el límite permitido para gastos electorales. En total, la Gürtel sufragó 2,031 millones de euros entre las tres campañas electorales. Las facturas relataron servicios supuestamente llevados a cabo por Orange Market a favor de estas empresas, unos trabajos que en realidad no existieron. Las empresas, además, tributaron estos pagos ante la Agencia Tributaria para obtener una rebaja que no se correspondía con la legalidad.
A cambio de esta confesión, Anticorrupción ha rebajado su petición de pena para los nueve empresarios, que gracias a este acuerdo esquivarán la cárcel. El Ministerio Público, que les atribuye delitos electorales y de falsedad documental, solicita para ellos penas inferiores a los dos años de prisión, y propone que las condenas sean sustituidas por una multa. Estos empresarios han sido los primeros en ser interrogados.
Anticorrupción acusa en total a diecinueve personas -entre empresarios, antiguos altos cargos del PP valenciano y miembros de la Gürtel-, a quienes también acusa de delitos fiscales. La Fiscalía solicita 27 años de prisión para el "Bigotes", y 22 años para Pablo Crespo y Francisco Correa. Éste último, el cabecilla de la red corrupta, reconocerá los hechos en su declaración en busca de un pacto, que suavice su pena. Las confesiones complican la defensa de los antiguos altos cargos del PP valenciano, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla, que se enfrentan a siete años y nueve meses de cárcel, y seis años y seis meses.
