Susana Díaz ante el 2018, año clave para su futuro político

La estabilidad política en Andalucía de la que lleva presumiendo desde que se inició la crisis catalana ya no es suficiente. Susana Díaz aborda en estos días el principio de un año que será crucial para determinar su futuro político -y el del PSOE andaluz- ya que, si se cumplen los plazos legales y no hay adelanto electoral, la próxima cita con las urnas será en marzo de 2019 por lo que toda la gestión que no se lleve a cabo en este año que acaba de comenzar quedará pendiente. Y eso en el escenario más conservador; si la presidenta decide acortar los tiempos y convocar a los andaluces a unas elecciones anticipadas, el calendario será todavía más apretado.

Y hay varios frentes abiertos que preocupan tanto en el Palacio de San Telmo como en la sede regional de los socialistas en la calle San Vicente de Sevilla. El primero es la implantación de la jornada de 37,5 horas para los funcionarios que ha decretado el Tribunal Constitucional y que entrará en vigor mañana lunes. Es un asunto mucho más que delicado porque Susana Díaz no quiere bajo ningún concepto que nadie la pueda acusar de incumplir una sentencia del alto tribunal, ni siquiera de tratar de eludirla de alguna manera. Su firme defensa del artículo 155 como salida a la situación en Cataluña y el respeto a la Constitución que proclama se quedarían en palabras vanas si su Gobierno no acata esta sentencia de manera ejemplar.

Pero, por supuesto, no quiere molestar a los más de 250.000 funcionarios públicos andaluces y a sus familias que defienden la jornada laboral de 35 horas. «Con las cosas de comer no se juega», confesaba a ABC con respecto a este asunto un alto cargo del Gobierno andaluz.

La fórmula adoptada por la consejera de Administración Pública, María Jesús Montero, para aplicar esta normativa tiene muchas aristas y está por ver si se podrá llevar a la práctica o no. Será la primera reválida para Susana Díaz en este nuevo año.

La amplísima oferta pública de empleo que está haciendo la Junta, 7.675 plazas para este año 2018 además de las 32.800 de interinos que se convertirán en fijos hasta 2020, puede ser un bálsamo para este conflicto pero no deja de ser un asunto más que delicado.

El pacto con Ciudadanos

El cumplimiento del pacto de investidura que firmó con Ciudadanos es otra de las espadas de Damocles que está encima de la cabeza de la presidenta, si bien no es lo que más preocupa. O, al menos, no en todos sus extremos. Evidentemente, la situación política nacional podrá influir en la actitud del partido naranja pero en el PSOE están convencidos de que con Ciudadanos no van a tener problemas de calado. El propio Juan Marín, en su balance del año 2017 ha reconocido que se han cumplido el 60% de los compromisos firmados con el PSOE, lo que considera «satisfactorio». A poco más que se avance en cuestiones menores, se podrán presentar con un cartel defendible por su «política útil».

Salvo en un asunto que es crucial para Juan Marín quien ya lo ha planteado varias veces en el Parlamento y sigue sin respuesta a pesar de sus presiones que se irán incrementando conforme avance el calendario. Se trata de la reforma de la Ley Electoral de Andalucía que determina el reparto de escaños del Parlamento. A nivel nacional, Ciudadanos defiende una reforma de la actual ley electoral porque consideran que se ha quedado antigua y los votos de los españoles no valen lo mismo, sino que depende de donde vivan. Un cambio al que PSOE y PP se niegan en el Congreso de los Diputados.

En Andalucía el sistema es similar y, basado en una representatividad proporcional de las provincias, los votos de las menos pobladas ponderan más que las de las que tienen más población (Sevilla y Málaga), precisamente donde los naranja obtienen mayor respaldo ciudadano.

Para tratar de acallar a sus socios, se ha puesto en marcha en el Parlamento andaluz un grupo de trabajo sobre la futura Ley Electoral de Andalucía que, por el momento, no tiene conclusiones. Hasta ahora ha servido para contener las críticas, pero Marín ha hecho de este asunto casi una causa personal. Si logra -como ha sucedido con el impuesto de sucesiones- hacer realidad una promesa de su partido por primera vez en España, estará mucho más que reforzado para volver a ser candidato a la Junta. El PP, por su parte, usará los acuerdos pendientes de cumplir en el pacto de investidura para criticar a sus dos principales rivales políticos, sobre todo los que se refieren a fiscalidad.

Financiación autonómica

Uno de los asuntos políticos más complejos que está encima de la mesa es la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Susana Díaz quiere recuperar su brillo político nacional liderando a las comunidades socialistas contra el Gobierno de Rajoy o, al menos, presentándose revestida de un amplio respaldo en Andalucía para defender los intereses de sus conciudadanos. Una aspiración que no ha logrado todavía al contrario que su compañero García Page quien sí ha obtenido el respaldo de toda su comunidad para defender un modelo consensuado frente al resto de territorios.

También dentro del PSOE este asunto es terreno pantanoso. Pedro Sánchez no ha dado una directriz clara al respecto y en Andalucía se teme mucho que pueda aprovecharse la situación para seguir manteniendo lo que consideran privilegios en otros territorios en detrimento de los intereses andaluces.

Susana Díaz y sus principales colaboradores miran de reojo a Cataluña en toda esta polémica. No se fían de ninguno de los actores de este complejo asunto y temen cualquier salida.

Creación de empleo

La comunidad autónoma ha cerrado 2017 con 160.000 parados menos de los que los empezó, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Una buena noticia económica que el Gobierno de Susana Díaz enarbola todas las veces que le es posible. Está por encima de la media española en cifras absolutas -tiene mayor población-, aunque el recorte, en términos relativos, se situó por debajo de la media nacional.
«Andalucía tira del carro del empleo en España», dice la presidenta en cada ocasión que se le presenta. Pero el Gobierno andaluz también es consciente de que las cifras ocultan la precariedad de estos nuevos puestos de trabajo que, en muchos casos, no permiten una vida digna a quienes han tenido la suerte de incorporarse al mercado laboral.

Por eso reclaman al Gobierno central un plan extraordinario de Empleo con los mil millones de euros destinados a la formación que los trabajadores andaluces han pagado con sus nóminas desde el año 2012 y que no se han gastado porque no ha habido cursos de formación.

Los cursos

Uno de los principales asuntos pendientes es la recuperación de los cursos de formación que llevan paralizados desde el año 2012. Susana Díaz ha prometido que para este ejercicio se va a recuperar la formación para los parados después de que su nuevo consejero de Empleo lleve seis meses asegurando que se han resuelto las convocatorias en todas las provincias, la realidad es que los parados están perdiendo la oportunidad de recualificarse para volver al mercado laboral.

El Gobierno andaluz da por amortizado el escándalo judicial de la investigación de los fondos de la formación pero el problema social para quienes quieren acceder a estos cursos y no pueden hacerlo es la siguiente fase a la que se tendrá que enfrentar el Ejecutivo de Susana Díaz. Las medidas de control para evitar abusos y fraude son también un arma de doble filo para el sector de las academias de formación que ven cómo su sector no despega a pesar de las promesas.

La renta mínima

Uno de los principales logros sociales del Gobierno andaluz es la aprobación de una Renta Mínima de Inserción que pretende llegar a 45.000 familias en situación de riesgo de exclusión social. Los beneficiarios percibirán entre 419 y 780 euros mensuales, lo que supone un incremento considerable respecto al modelo anterior. Susana Díaz considera esta medida como la estrella de su final de mandato sobre todo mirando al electorado más a la izquierda. La nueva renta, que tiene una dotación presupuestaria de 198 millones de euros, sustituye a la renta mínima que se puso en marcha durante el Gobierno de coalición con Izquierda Unida y que ha supuesto numerosos problemas de gestión para los beneficiarios que han cobrado tarde y mal.

Este giro mirando a la izquierda del Gobierno andaluz ya ha generado las primeras críticas porque tanto Podemos como IU consideran que es sólo un gesto populista y un parche porque no va a llegar a las 250.000 familias que se encuentran en riesgo en Andalucía. Ciudadanos sí lo apoya y el PP juega al despiste. Tal vez un símbolo de cómo se van a desarrollar las alianzas políticas en el nuevo año 2018.

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