La juez suspende la declaración del alcalde de Boadilla a la espera de confirmar su aforamiento
La titular del juzgado de instrucción número 6 de Móstoles ha suspendido la declaración del alcalde de Boadilla del Monte[…]
La titular del juzgado de instrucción número 6 de Móstoles ha suspendido la declaración del alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) y diputado en el Congreso, Antonio González Terol (PP), a la espera de confirmar su aforamiento.
González Terol había sido citado a declarar como investigado (la actual figura jurídica del imputado) el próximo 30 de enero en los juzgados de Móstoles, tras admitir a trámite una querella por prevaricación, tráfico de influencias y malversación que presentó el exalcalde Arturo González Panero, procesado en el caso Gürtel.
En septiembre de 2013 el ayuntamiento madrileño se personó como acusación particular en la pieza separada que investiga los negocios de la red de Francisco Correa en Boadilla. Según el relato de la querella, el actual alcalde, en vez de usar a los letrados del ayuntamiento -«servicio jurídico propio y en ejercicio»-, ordenó un procedimiento negociado sin publicidad para contratar un despacho externo. dirigido por Carlos Pelayo García de Ceca.
Como estaba previsto, Terol ha recurrido la citación alegando que solo el Tribunal Supremo puede proceder contra él, por el aforamiento que le da su condición de diputado, lo que obligará al juez de Móstoles a inhibirse.
La querella argumenta que el Consistorio solo invitó a tres bufetes para presentar ofertas, pero uno lo hizo fuera de plazo y otro obtuvo cero puntos. Según el denunciante, el alcalde tenía al ganador en mente porque es «amigo» y «ha sido abogado de la familia del Sr. Terol», extremo que el regidor niega tajantemente.
«Si el objetivo, como parece lógico pensar, era buscar el mejor letrado posible para los intereses municipales, por qué se ha utilizado un procedimiento ?Sin Publicidad?, cuando un procedimiento abierto (...) hubiese permitido tener un mayor número y mejores ofertas», razona la querella. Los contratos adjudicados mediante este procedimiento no pueden superar los 60.000 euros.
La denuncia también sostiene que no se daban los supuestos necesarios para recurrir a este procedimiento de contratatación, como la «imperiosa urgencia» (el caso estalló en 2009) o el carácter «secreto».
Por otro lado, la querella también recoge que «igualmente la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, 100% de titularidad municipal y presidida también por el señor González Terol ha realizado otra contratación de abogado y procurador, sin que se conozca ningún sistema de contratación e igualmente la citada empresa tiene letrados en plantilla».
En el auto de citación, el magistrado argumenta que los hechos denunciados «revisten los caracteres de un presunto delito de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias».
