Costas, a la espera de orden judicial para desalojar invernaderos en Granada

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, ha informado hoy de que la Dirección General de Costas está a la espera de recibir autorización judicial para desalojar y derribar los invernaderos del municipio de Albuñol (Granada) que ocupan una franja litoral de dominio público.

La referida dirección general dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha explicado el subdelegado, tiene que hacer cumplir las sentencias judiciales que instan a que se restituya la propiedad y se desmantelen los referidos invernaderos, para lo que se cuenta con el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A largo de hoy estaba previsto el levantamiento de las instalaciones y la retirada de los materiales, aunque ahora se está a la espera de una resolución judicial que declare la ejecución de sentencia ante la oposición mostrada por los agricultores.

Según ha informado a Efe un portavoz de los trabajadores, José Moreno Manzano, hasta el lugar se han desplazado esta mañana funcionarios de la Dirección General de Costas, pero al no tener orden judicial de desalojo, éste no ha sido finalmente ejecutado.

A la espera de esa orden, los agricultores han anunciado su intención de seguir trabajando dado que en la mayoría de los casos las plantaciones, fundamentalmente tomate cherry, están a punto de dar su fruto -entre los próximos noviembre y diciembre-.

También pretenden movilizarse ante el Ayuntamiento de Albuñol para pedir su implicación directa en el asunto, según Moreno.

Por otra parte, en la misma rueda de prensa, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se ha referido a la situación de un campo de golf de Playa Granada en el municipio de Motril y titularidad del Estado.

Tras la propuesta formulada por el Ayuntamiento de esta localidad para que el Ministerio le ceda el campo de golf, el Gobierno ha mostrado su "plena disponibilidad" a hacerlo de forma gratuita siempre y cuando se cumpla la ley.

En este sentido, De Moya ha aclarado que la "receptividad" por parte del Ejecutivo central es "total", aunque ha apostillado que el Consistorio no podría destinar el referido campo de golf a una actividad de tipo "lucrativo" sino que la cesión únicamente estaría permitida para darle utilidad pública e interés social.

En cumplimiento de la Ley del Patrimonio, Motril podrá disponer por tanto del campo de golf si no "hace negocio" con esta instalación y tendría que asumir sus costes de IBI, mantenimiento y conservación.

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