Los notarios piden normas para facilitar el traslado de sede empresarial

Notarios de Europa han instado hoy a las autoridades de Bruselas a impulsar una normativa común para toda la Unión Europea (UE) que simplifique el traslado de las sedes de las empresas, incluidas las pymes, sin rebajar los derechos de los trabajadores ni lesionar los intereses de los socios y accionistas.

Esta ha sido una de las propuestas sobre la mesa de la segunda, y última jornada de trabajo, del IV Congreso de Notarios de Europa que se celebra desde ayer en Santiago de Compostela, y que reúne a los 22 notariados que comparten el mismo sistema de seguridad jurídica preventiva en el continente europeo.

El problema fundamental, según ha explicado a Efe el coordinador general del congreso, Isidoro Antonio Calvo, "en la mayoría de países de la UE (a excepción de España), no hay normas para regular cómo una sociedad se puede trasladar de un país a otro".

El "brexit", o salida de Reino Unido de la UE, previsiblemente en 2019 (año de las elecciones europeas), ha contribuido a que este tema adquiera mayor relevancia, ya que muchas empresas podrían plantearse instalarse en el continente, pero dudan sobre cómo hacerlo con garantías.

"Es el caso, por ejemplo, de una empresa radicada en Londres que, después del brexit, quiera seguir manteniendo su estatuto, su régimen de protección en Europa", ha asegurado el experto español, en el congreso, organizado por el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), que reúne a más de 40.000 profesionales de Europa.

La preocupación generada por la crisis política desatada en Cataluña, y la posibilidad de que banco Sabadell y CaixaBank instalen su sede en otro punto de España, o la amenaza de otras empresas de seguir esa vía en caso de una declaración unilateral de independencia tras un referendo considerado inconstitucional, ha estado presente en el desarrollo del congreso.

Fuentes notariales han indicado a Efe que hay gran confusión sobre ese aspecto, que nada tiene que ver con las propuestas del notariado europeo, pensadas para traslados de sede transfronterizas o "intra-europeas" y no internas en un Estado miembro de la UE.

"El objetivo de la propuesta es que, por ejemplo, en el caso del brexit, una empresa que está en Reino Unido pueda, con todo su patrimonio y sus cuentas bancarias, y con sus socios, venirse a Madrid o París. Para eso necesitamos un estándar europeo que nos permita a todos jugar con las mismas reglas", ha apuntado Calvo.

La norma común que reclaman los notarios europeos para el traslado de sede se justifica, según Calvo, por "la complejidad que supone tener dos legislaciones distintas y dos soberanías distintas".

Los notarios de la UE se muestran confiados en que la Comisión Europea incluya el traslado de sede en un paquete legislativo que el Ejecutivo de Bruselas tiene previsto presentar el próximo 26 de noviembre sobre el derecho de sociedades.

"El brexit está haciendo que el tema figure ahora en primera línea. Las empresas lo reclaman porque lo que buscan, en este ámbito, es certidumbre y seguridad", ha explicado Calvo.

La propuesta de los notarios europeos, que abarca tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y medianas (Pymes), persigue proteger los intereses de todos los actores implicados, ya sea grandes socios o minoritarios, garantizando un "derecho de salida o separación", así como a trabajadores y acreedores.

"Lo que, lógicamente, no puede ser es que se utilice el traslado de sede para vulnerar o disminuir derechos adquiridos", según el experto.

Ha precisado que, por ello, la propuesta de los notarios europeos apunta a que la futura norma, en caso de ser adoptada por Bruselas, "mantenga el mismo régimen de protección a los trabajadores que en el país de origen", para evitar así el "dumping social".

Contar con normas claras y unificadas en este tema también permitiría a la UE luchar con mayor eficacia en el ámbito fiscal contra el fraude y el blanqueo de capitales, ha subrayado Calvo.

La propuesta de los notarios está en línea con los objetivos de las instituciones de la UE, entre ellos el Parlamento Europeo, que apoya la movilidad de las Pymes en Europa, aunque pide que se tomen medidas para frenar el uso fraudulento de las "sociedades pantalla".

La UE lleva buscando soluciones que permitan el traslado de las sedes de las empresas en el ámbito comunitario desde 1997, año en que se presentó un proyecto de directiva, que, finalmente, quedó frustrada.

En su opinión, "lo que no se quiere, y las últimas declaraciones de la Comisión apuntan en esa línea, es que sólo se mueva o traslade el domicilio registral, que se haga un traslado ficticio de sede", un elemento clave que tiene un impacto directo en cuestiones como la fiscalidad o el derecho de los trabajadores.

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