Patronal de transporte dice que recibe consultas para sacar sedes de Cataluña
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha confirmado que está recibiendo "numerosas consultas" de empresas de[…]
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha confirmado que está recibiendo "numerosas consultas" de empresas de transporte catalanas para la posibilidad de trasladar sus sedes sociales a otras comunidades autónomas limítrofes.
Fenadismer, a tenor de los datos del Registro Oficial de Empresas de Transporte, ha comunicado que en la actualidad el número total de empresas transportistas catalanas que operan en España es de 17.468, con una flota total de 46.253 vehículos.
Asimismo, 4.405 empresas de transporte catalanas operan en la actualidad en el ámbito de la Unión Europea, con una flota de 17.410 vehículos, ha precisado Fenadismer.
La patronal, ante una eventual declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del Govern, ha comunicado hoy que solicitará tanto a Fomento como a la Comisión Europea un dictamen interpretativo sobre los efectos y consecuencias que tendría para el sector del transporte por carretera "tanto a nivel nacional como internacional".
En este sentido, ha recordado que una Cataluña independiente afectaría "principalmente" a los transportistas catalanes.
Lo fundamenta en el hecho de que los transportistas del resto de España y de los demás países de la Unión Europea "podrían transitar libremente" por el territorio catalán al amparo de la autorización europea de transporte por carretera "denominada licencia comunitaria".
Sin embargo, añade Fenadismer que, al convertirse Cataluña en un Estado no miembro de la Unión Europea, "sería cuestionable" que las empresas de transporte radicadas en esta región tuvieran idéntica libertad de tránsito para poder operar tanto en España como en el resto de los países comunitarios.
La patronal apunta en una nota que esto no sería posible "por no existir un acuerdo bilateral previo" entre Cataluña y la Unión Europea que reconociera tales derechos.