El Consell ve "inaceptable" que el Gobierno dificulte derecho a la vivienda

La Conselleria de Vivienda considera "inaceptable" que el Gobierno "imposibilite hacer efectivo el derecho a la vivienda en la Comunitat Valenciana al vaciar de contenido hasta el extremo las medidas contempladas en la Ley por la Función Social de la Vivienda".

Así lo ha expresado la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, para quien en las cuestiones planteadas por el Ejecutivo central, "se ataca directamente las medidas que permiten garantizar este derecho al cuestionar 23 de los 37 artículos que contempla la ley".

"Solo deja la puerta abierta a reconocer el derecho subjetivo en la Comunitat pero mantiene su intención de recurrir todos los artículos que lo pueden hacer efectivo, algo que demuestra su absoluto cinismo", ha indicado en un comunicado.

Torró se ha pronunciado así tras la reunión de la Comisión Bilateral de representantes de la Conselleria y Gobierno para tratar de llegar a acuerdos con los reparos que se habían formulado ante un posible recurso de inconstitucionalidad.

Ha recordado que la Ley fue aprobada por Les Corts con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y tienen "la obligación de cumplir el mandato del parlamento valenciano y aplicar esta ley para garantizar el derecho a la vivienda".

Torró ha lamentado que "la posición rígida" del Gobierno central "condiciona los pilares básicos y fundamentales de la ley que tiene como objetivo garantizar el derecho a la vivienda a las personas que más lo necesitan con medidas para movilizar las más de 500.000 viviendas vacías que hay en la Comunitat".

"El Gobierno de España se pone una vez más al lado de los bancos y deja sin derechos a las personas que más lo necesitan", ha criticado y ha apuntado que el Consell no puede aceptar estos planteamientos porque "limitan" su autonomía "para dar soluciones a la grave situación que viven muchos valencianos".

Ha agregado que lo han hecho "como muchas comunidades autónomas, siendo valientes y legislando en una materia que el Gobierno central tiene abandonada" y ha afirmado que "una vez más están demostrando que actúan como el perro del hortelano porque ni legislan ni dejan legislar".

El Gobierno considera inconstitucionales aspectos como la función social de la vivienda por encontrarse deshabitada o la creación del registro de viviendas deshabitadas porque consideran que afectan al derecho de la propiedad privada, cuando en autonomías como País Vasco o Aragón, con leyes similares, no lo cuestionan.

También ha puesto reparos a que el Consell "pueda garantizar la continuidad de las personas afectadas por una ejecución hipotecaria en sus viviendas habituales y únicas que sean propiedad de 'grandes tenedores', porque conlleva como último recurso la expropiación del usufructo temporal con un máximo de 3 años".

Ponen en duda también las sanciones a los bancos, el concepto de 'grandes tenedores' o la posibilidad de establecer actuaciones de inspección.

"La posición del Gobierno no solo está siendo más dura en la Comunitat sino que incluso también va más allá y es mucho más restrictiva respecto a las observaciones esenciales que realizó el Consell Jurídic Consultiu y que el gobierno valenciano incorporó a la ley", ha apostillado.

Torró ha apuntado que desde que entró en vigor la ley hace siete meses se ha asesorado a los ciudadanos que han formulado las más de 1.669 consultas, se ha mediado en 43 casos de desahucio y se han dado diferentes soluciones habitacionales a 554 familias.

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