El Pleno de Tres Cantos vota que el Consistorio no pague su deuda de Tagarral

La comisión que investiga en Tres Cantos el conflicto de El Tagarral ha acabado con una recomendación con la que los grupos instan a que el Gobierno local (PP) no asuma el pago de las indemnizaciones que le exige la Comunidad de Madrid, porque el Ayuntamiento -dice- no existía cuando se llevó a cabo el "atropello" jurídico.

No obstante, las recomendaciones pactadas entre todos los grupos políticos locales instan a "dialogar" con el Gobierno regional (que ha acudido a los tribunales para reclamar esta cuantía) y Colmenar Viejo para "buscar soluciones que no perjudiquen o sean las menos lesivas para Tres Cantos".

También se recomienda dar protección a la zona de El Tagarral que quedó suspendida en el Plan General de Ordenación Urbana, "para evitar especulaciones y recalificaciones"; al tiempo que llaman a buscar alternativas que no pasen por recalificar el terreno.

En las conclusiones no se ha abordado la posible reprobación o cese del concejal de Hacienda, Javier Juárez, quien reconoció en la comisión que recogió el requerimiento en que la Comunidad de Madrid exigía que se abonaran los 21 millones de euros, aunque ese documento nunca le fue entregado al alcalde, Jesús Moreno.

Por ese motivo, Ganemos pedía su cese, el PSOE su reprobación y C's que fuera amonestado.

Por otra parte, todos los grupos han coincidido en la necesidad de crear una asesoría jurídica que "controle y supervise" la defensa de los intereses municipales en los Tribunales y que colabore en el asesoramiento sobre la legalidad de las decisiones que se tomen.

Por otro lado, en las conclusiones se ha reservado un apartado para detallar hechos concretos que se han puesto de manifiesto en las sesiones, como que algunos documentos "muy importantes" llegaron al Ayuntamiento "sin la custodia necesaria" o que "el Consistorio de Colmenar Viejo quiere desentenderse del problema".

La comisión se decidió crear después de que la Comunidad de Madrid haya reclamado a Colmenar Viejo y Tres Cantos que paguen los 21 millones de euros que cree que le corresponde a cada uno de la sentencia por la recalificación de la finca, después de que el Ejecutivo madrileño asumiera la cuantía total.

El caso se remonta a 1987, cuando la Comunidad aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo, que cambiaba la calificación de un suelo -que ahora pertenece a Tres Cantos- de urbanizable programado a suelo no urbanizable.

En 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a las tres administraciones a pagar 42 millones a los propietarios del suelo, aunque finalmente la cifra ascendió a 63 millones por los intereses de demora.

La Comunidad de Madrid asumió inicialmente el pago, pero ahora reclama a las dos localidades que abonen sendas cantidades de 21 millones de euros.

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