Impulsan un frente común a favor de las redes cerradas de electricidad

Las instituciones, el sector químico y los agentes económicos impulsan un frente común a favor de las redes cerradas de[…]

Las instituciones, el sector químico y los agentes económicos impulsan un frente común a favor de las redes cerradas de electricidad, tal como prevé una directiva europea del 2009 y que permitiría abaratar la energía un 20 %.

El objetivo de la propuesta, presentada hoy a los medios en el Ayuntamiento de Tarragona, es sumar el mayor apoyo posible a la propuesta para que pueda superar su trámite parlamentario en el Congreso.

En el acto han participado el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y el presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), José Francisco Font.

También ha contado con la participación de los alcaldes de la zona, diputados y senadores por Tarragona, y representantes de las empresas y los agentes económicos de la demarcación, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Josep Andreu.

El conseller Baiget ha destacado que "se trata de dar una inyección de competitividad directa que retornaría al territorio con más inversión".

El alcalde de Tarragona ha explicado que hoy se ha puesto sobre la mesa la proposición de ley para que el polígono petroquímico tenga "la competitividad que se merece" y ha avanzado que pronto se celebrará una cumbre de alcaldes del territorio para apoyar esta iniciativa.

Las redes cerradas son sistemas de distribución de energía eléctrica para zonas geográficas muy pequeñas y con una fuerte interrelación entre sus miembros.

Permiten compartir las infraestructuras de conexión con el resto de red eléctrica y regulan entre su funcionamiento entre sus miembros.

Esta fórmula permite reducir los costes energéticos para todo el conjunto y, por tanto, mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la atracción de nuevas inversiones dentro de su perímetro.

 La proposición de ley impulsada hoy propone que la normativa eléctrica española incluya una definición de redes cerradas, determina que los ingresos y gastos que generan quedan excluidas del sistema eléctrico.

También establece que su supervisión corresponde a la comunidad autónoma y emplaza a la elaboración de un reglamento que detalle su funcionamiento en aspectos como la figura del gestor o la propiedad de los activos.

En la actualidad, la normativa eléctrica española no prevé una regulación de las redes cerradas, lo que supone una pérdida de competitividad para la industria, y más concretamente para el sector químico.

Países que compiten directamente con la industria química de Cataluña, como Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Suecia, Bélgica o Italia, disponen de legislaciones que incorporan esta figura, que está avalada por la Directiva 2009/72 / CE del Parlamento Europeo.

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