La CEOE, en contra de implantar un registro horario en las empresas por ley

El director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, se ha mostrado hoy en contra de implantar un registro horario por ley, porque se trata de una medida que debe ser acordada en el marco de la negociación colectiva en cada sector o empresa en función de sus necesidades.

Tras participar en un acto organizado por la asociación de directivos de relaciones laborales (Adirelab), García Viña se ha referido así al anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, el presidente del Gobierno abogó por recuperar la jubilación forzosa por edad, establecer un registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos, limitar a tres los tipos de contratos laborales y reducir las bonificaciones y reducciones a la contratación.

García Viña ha asegurado que la medida sobre la jubilación forzosa fue planteada por los interlocutores sociales, tras pactarla en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que cerraron el pasado mes de julio, y probablemente sea "uno de los pocos asuntos en los que estamos de acuerdo con los sindicatos".

Respecto a la eliminación de las reducciones y exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para incentivar la contratación, el responsable de Relaciones Laborales de la patronal ha considerado que "son poco útiles, porque nadie lleva a cabo una contratación por que le vayan a reducir la cuota".

Además, ha indicado, son negativas para las arcas de la Seguridad Social, si bien ha añadido que desde la CEOE plantean al Gobierno que bajen las cotizaciones sociales que pagan las empresas porque son muy elevadas.

García Viña se ha mostrado sorprendido por la intención del Gobierno que manifestó Sánchez de reducir a tres los tipos de contratos de trabajo (indefinido, temporal y de formación).

Por ello, ha instado al Gobierno a que plantee este asunto en la mesa de diálogo social, para poder estudiar la "letra pequeña", es decir, lo que afecta a la causalidad del contrato o a indemnizaciones por despido.

En general, ha dicho García Viña, los avances en materia de diálogo social son muy escasos y, aunque el Gobierno lograra arrancar un acuerdo a los interlocutores sociales, se encuentra con la dificultad de sacarlos adelante en el Congreso por la aritmética parlamentaria.

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