Gobierno y autónomos pactan que la base mínima de cotización suba un 1,25% en 2019

La base mínima de los autónomos subirá el próximo año un 1,25% después del «principio de acuerdo» al que llegaron este miércoles el Gobierno y las principales asociaciones del colectivo. Es un incremento sensiblemente inferior a la última propuesta del Ministerio de Trabajo, que planteó que se elevara en el mismo porcentaje que el IPC de noviembre, que previsiblemente será superior al 2% puesto que en octubre se situó en el 2,3%.

Así lo confirmaron tanto fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio como de las organizaciones ATA y UPTA después de reunirse más de dos horas con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y la directora general de Trabajo Autónomo, María Antonia Pérez León. Así esa base mínima aumentará en 2019 desde los actuales 932,7 euros al mes hasta 944,35 euros, algo que está en la media con el aumento que ha registrado en los últimos 15 años.

Sin embargo, no será la única subida que afronten los trabajadores en enero, pues está previsto que los tipos de cotización también se incrementen a cambio de mejores prestaciones y mayor protección, aunque aquí existen contradicciones.

Desde Trabajo afirmaron a este diario que el porcentaje final no está cerrado y que oscilará entre el 29,8% actual y el 31,4% que plantearon días atras, aunque fue rechazado por las organizaciones del colectivo. Pero ATA y UPTA sostuvieron que también se había llegado a un pacto para que la subida de las cotizaciones se hiciera de forma gradual. Así, en 2019 los tipos se elevarían apenas dos décimas hasta el 30%, llegando al 30,3% en 2020 y el 30,6% en 2021, para terminar escalando al 30,9% en 2022.

Estos incrementos serían consecuencia directa de que se establece, además, la obligatoriedad de cotizar por todos los conceptos existentes. Esto es, se incluyen las contingencias profesionales, el cese de actividad y la formación profesional, algo que en la actualidad es voluntario para la mayor parte de emprendedores. Según esta subida gradual, la cuota media de los autónomos se incrementará entre los 41 y los 53 euros al año según sean personas físicas o sociedades, estiman las asociaciones. Desde el Ministerio, sin embargo, rechazaron esos cálculos porque -dicen- solo hay «principio de acuerdo» en la base mínima, que a su vez «queda a la espera de ser ratificado de forma conjunta».

Fuentes del Gobierno señalaron a este periódico que hace falta realizar unas estimaciones «exhaustivas» y ver cuánto costará las mejoras de las prestaciones, pues ahora todos los trabajadores por cuenta propia pasarán a tener derecho al paro (su disfrute pasa de uno a dos años), la baja por enfermedad y la formación. Por eso, insistieron, la cuota no subirá menos de 11 euros al mes, lo que implicaría un sobrecoste de más de 130 euros anuales. Es más del doble del máximo de 60 euros anunciado por ATA y UPTA, aunque la mitad de los 260 euros de la última propuesta del Ejecutivo.

Una vez conocido este desencuentro, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, advirtió vía Twitter que «el Gobierno sabrá si quiere acuerdo o no». «Si se mueve una coma de lo pactado hoy», ni su asociación ni supone que ATA tampoco «estaremos refrendando ningún otro acuerdo».

Tarifa plana de 60 euros

A cambio de este aumento del gasto, los autónomos cobrarán la prestación por incapacidad temporal causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja, y dejarán de abonar su cuota a partir del segundo mes de estar de baja por enfermedad común, según explicaron fuentes de ATA. Se trata de otra cesión del Ministerio, que planteó la exención de cuota pero desde el tercer mes, lo que era una línea roja para el sector.

Otro asunto importante es la tarifa plana, que se asemejará a la cotización de los contratos de aprendizaje y formación en el régimen general, entendiendo que esta figura es la que más se aproxima a la de un emprendedor. De esta manera la cuota pasará de los actuales 50 euros a los 60 euros, según confirmaron desde ATA. Faltaría también por saber si la duración de esta bonificación se alarga hasta los dos años, una de las peticiones de ATA.

Además, se creará una comisión de trabajo para estudiar la modificación del actual cese de actividad. Su objetivo será flexibilizar el acceso a esta prestación -en la actualidad se deniegan más de la mitad de solicitudes- y «establecer un sistema menos dañino para los intereses de los beneficiarios, que permita dar un sentido de máxima protección ante un no deseado cierre del negocio», destacó UPTA en una nota.

Asimismo, el futuro sistema de cotización según los ingresos reales de cada trabajador será materia prioritaria a desarrollar en el primer trimestre de 2019. La intención del Gobierno es que pudiera entrar en vigor ya en el segundo semestre. La duda es si la tercera asociación representativa de autónomos, UATAE, participará en esas negociaciones tras haberse desmarcado del preacuerdo "a puerta cerrada" alcanzado este miércoles, argumentando que no discute dos temas "centrales" para el colectivo como la mejora de las prestaciones y la puesta en marcha de un sistema de cotizaciones para ingresos reales que sea "verdaderamente justo".