La Eurocámara sale en tromba en contra de la suspensión de fondos a España y Portugal

La Comisión logró este lunes un imposible: poner de acuerdo a todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, que rechazaron de forma contundente que España y Portugal sufran la congelación de parte de los fondos estructurales correspondientes a 2017 por incumplir sus compromisos con el déficit. Según desveló el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, estarían en juego unos 1.325 millones (es una estimación). «Absurdo», «inútil», «injusto», «peligroso» o «poco inteligente» fueron algunos de los adjetivos que se repitieron una y otra vez durante las intervenciones realizadas por una treintena de diputados.

Hubo barra libre y la Comisión recibió de lo lindo. Títulos a raudales.

La clave, sin embargo, es si habrá suspensión y la respuesta es 'sí'. Primero, porque el Parlamento tiene voz pero no voto. La última palabra la tiene el Colegio de Comisarios liderado por Jean-Claude Juncker. «No es una cuestión de voluntad política, sino de obligación legal», justificó el vicepresidente de Empleo e Inversión, Jyrki Katainen, quien eludió concretar qué cifras maneja.

El viacrucis fiscal de España aterrizó a última hora de la tarde en Estrasburgo, en una comisión inédita convocada de forma extraordinaria para analizar si la cuarta potencia del euro y Portugal deben sufrir la congelación de fondos estructurales. Técnicamente, se llama «dialogo estructurado». Nunca había pasado, así que España tiene otra cicatriz en su currículo comunitario.

Es la segunda parte de la sanción por incumplir el déficit de 2015 de forma deliberada. La primera era la multa de hasta el 0,2% del PIB (unos 2.000 millones) que la Comisión perdonó el 27 de julio 'in extremis'. «Entonces actuamos con muchísima flexibilidad. Pero ahora no se trata de política sino de legalidad», reiteró Katainen, que recalcó que la sanción «podría levantarse rápidamente si España y Portugal cumplen con lo prometido ante sus ciudadanos y ante sus socios europeos», dijo.

De hecho, gran parte de su intervención fue dirigida a minimizar el impacto de la decisión. De hecho, señalaron que «no se trata de una sanción». «Ningún proyecto en marcha va a verse afectado», zanjó. «Hay que dejar muy claro que no estamos hablando de pagos que deben realizarse en 2017, sino de compromisos financieros. El efecto sería en 2020 en el peor escenario», explicó la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, quien compareció junto a Katainen. «Si España y Portugal presenta antes del día 15 un informe con las medidas efectivas para corregir el déficit, la suspensión se levantaría de forma automática», desveló la comisaria. Por parte de Madrid, la baza es la reciente modificación del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones extra este mismo año.

Este martes, debate en el Colegio

Uno de los mensajes más repetidos fue la «incoherencia» que supondría «castigar a dos de los países que más han sufrido en la crisis penalizándolos con la suspensión de fondos que son esenciales para las regiones y los ciudadanos». «Así, lo único que conseguiremos es fomentar los populismos», recalcó el socialista Jonás Fernández. «¿Qué credibilidad tendrían la Comisión si ha hecho del crecimiento su 'leitmotiv' y decide castigar a España, que es uno de los países que más crece gracias, sobre todo, a sus reformas estructurales?», se preguntó Pablo Zalba, portavoz económico del PP. Ramón Varcárcel (PP), Sergio Gutiérrez (PSOE), Ernest Urtasun (ICV) o Angela Vallina (IU) fueron otros de los eurodiputados españoles que intervinieron.

Y ahora, ¿qué? Katainen y Cretu señalaron que este martes informaran al Colegio de Comisarios de cómo fue este lunes el dialogo estructurado y a partir de ahí, decidirán qué hacer, cuándo aprobar la congelación.