El Gobierno balear echa al director de la Abogacía tras el ultimátum recibido
La tensión existente desde hace días entre las tres formaciones que apoyan a la socialista Francina Armengol como presidenta del[…]
La tensión existente desde hace días entre las tres formaciones que apoyan a la socialista Francina Armengol como presidenta del Govern, es decir, el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos, había subido un grado más este martes, en el pleno ordinario celebrado en el Parlamento regional. Los dos socios de Armengol habían anunciado que pedirían responsabilidades políticas por la reciente decisión de la Abogacía de la Comunidad de no acusar al expresidente balear Jaume Matas en dos piezas separadas del caso Palma Arena. La respuesta del Ejecutivo a ese ultimátum se ha producido poco después, al mediodía, con la destitución del director de la Abogacía, Lluís Segura.
Cabe recordar que la pasada semana los Servicios Jurídicos del Govern decidieron no acusar a Matas de blanqueo por la compra de su «palacete» en Palma y además pidieron el archivo del caso Ópera, en el que sólo está imputado el expolítico mallorquín. La portavoz del Gobierno balear, la socialista Pilar Costa, había afirmado el pasado viernes que el Ejecutivo de Armengol desconocía que la Abogacía iba a tomar las dos decisiones citadas.
Sin embargo, el medio local «Diario de Mallorca» ha publicado este martes que los Servicios Jurídicos sí habrían informado al Govern hace ya algún tiempo de su intención de retirar ambas acusaciones. Costa ha respondido a dicha información periodística negando de nuevo que se le hubiera informado de la «concreción» de ese hecho. Finalmente, la propia portavoz ha anunciado este mediodía la destitución de Segura, por «pérdida de confianza política».
Antes de este cese, el portavoz de MÉS, David Abril, había afirmado que existían «versiones contradictorias» sobre si el Govern conocía o no la decisión que iban a adoptar los Servicios Jurídicos con respecto a Matas, por lo que este tema se tenía que «aclarar» y además se debían «asumir responsabilidades» por el mismo. En el mismo sentido se había pronunciado la portavoz de Podemos, Laura Camargo, quien había dicho que no había obtenido una «explicación coherente» sobre dicha cuestión, que había calificado como «muy grave». Una vez conocida la destitución del director de la Abogacía, la portavoz del PP, Margalida Prohens, ha pedido la dimisión de Costa.
El pasado viernes, Costa había señalado que el Govern no compartía políticamente, por sus posibles consecuencias negativas ante la sociedad, que se hubiera decidido no acusar a Matas y anunció que pediría un informe a los Servicios Jurídicos para conocer los casos de corrupción «con más trascendencia» en los que aún se está trabajando ahora. Asimismo, dejó entrever que no había pedido la dimisión de Segura y que éste, a su vez, tampoco habría presentado su renuncia.
«No queremos poner en duda, ni creo que a nadie se le pase por la cabeza, que pueda haber ninguna motivación política, jurídica o de confabulación de querer que todo quede en papel mojado», indicó la portavoz, que al mismo tiempo defendió «el gran trabajo» desarrollado por la Abogacía en decenas de casos vinculados a la corrupción. Por último, reiteró que el Govern no se plantea ningún pacto con Matas en las causas que aún tiene abiertas.
En la pieza separada número 24 del caso Palma Arena, que es la relativa a la compra del citado «palacete» y a la adquisición de otras propiedades, la Abogacía entiende que no está legitimada para seguir acusando a Matas de presunto blanqueo, ya que en este caso los intereses de la Comunidad no se habrían visto directamente afectados. Por lo que respecta a lo que pueda decidir en breve el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach sobre esta pieza, Horrach ve muy difícil poder demostrar que los fondos que Matas y su esposa, Maite Areal, gastaron en la adquisición del «palacete», unos 950.000 euros, podían provenir total o parcialmente de comisiones ilegales entregadas por la adjudicación de algún proyecto por parte del Gobierno balear.
En relación a la pieza separada número 3, conocida como el caso Ópera, los Servicios Jurídicos consideran no se habría producido malversación de fondos públicos por parte de Matas. En este caso se investigan presuntas irregularidades en la contratación de Santiago Calatrava por parte de Matas, en 2007, para que el arquitecto elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en la bahía de la capital balear. El Govern tuvo que pagar en su momento 1,2 millones de euros por dicho anteproyecto y por dos maquetas. El equipamiento no llegó a construirse nunca.
