El fiscal pide seis años de cárcel para Griñán por malversación en el caso de los ERE

 La tormenta que soporta el PP por la corrupción también empapó hoy al PSOE. La Fiscalía Anticorrupción hizo pública su petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público cuando fue consejero de Hacienda entre 2004 y 2009. Para su antecesor en el cargo, el también socialista Manuel Chaves, se piden diez años de inhabilitación por prevaricación. Anticorrupción entiende que la cúpula socialista implantó de forma «consciente» un sistema de pago de ayudas discrecional y al margen de controles que ayudase a mitigar la conflictividad laboral

Además de los expresidentes, el Ministerio Público pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, y el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, por el mismo delito. Para los exconsejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía, Magdalena Álvarez, pide diez años de inhabilitación por prevaricación. La petición fiscal incluye además la devolución a las arcas públicas del dinero destinado a pagar estas ayudas entre 2000 y 2010, unos 855 millones de euros.

La petición de pena para Griñán se produce por su ejercicio como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, y por tanto considerado responsable último de las modificaciones presupuestarias que permitieron engordar la partida con la que se pagaban de forma discrecional y opaca las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, la 31-L también apodada «fondo de reptiles», en palabras del exdirector general de Empleo de la Junta, Javier Guerrero, para quien se piden ocho años de cárcel por malversación continuada.

La Fiscalía recoge el relato de hechos ya conocido en el auto de procesamiento, y que habla de una confabulación de la cúpula de la Junta de Andalucía para implantar un sistema de ayudas que agilizara el pago de ayudas. Hasta ese momento se había recurrido a las subvenciones excepcionales, pero los reparos de la Intervención «si no llegaron a impedir, sí dificultaron la pronta resolución de los conflictos sociolaborales del año 2000 que alteraban la paz social de la comunidad autónoma». Así, se empezó a utilizar el sistema conocido como «transferencias de financiación» -un procedimiento legítimo en las entidades públicas para desarrollar su actividad propia- que «permitía de manera consciente que los fondos públicos destinados a estos colectivos se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa».

Con el nuevo sistema, la Consejería de Empleo transfería los fondos públicos a uno de los entes autónomos, el Instituto Andaluz de Fomento (IFA, y más tarde la Agencia Idea), y era este organismo el que, ya sin el control previo, abonaba las ayudas sociolaborales. Unas ayudas, dice la Fiscalía, de la que no se tenía «público conocimiento al no haber convocatoria pese a perpetuarse durante una década».

En suma, «se puso en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que personas que ni siquiera pertenecían a la empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender situaciones de crisis empresarial».

Sin freno

Esa falta de control hizo imposible en la práctica que la Intervención comprobase si había fondos anuales para saldar los compromisos de pago adoptados con los que sofocar los conflictos laborales. Por eso, la Fiscalía entiende que adicionalmente, los máximos responsables del área de Hacienda, como Griñán, buscaron «no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas». Y reprocha que los expresidentes Chaves y Griñán y su equipo de consejeros «no pusieran freno» al uso de este sistema para pagar las ayudas pese a que los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las distintas irregularidades en el procedimiento que se estaba empleando.

Anticorrupción entiende que el Consejo de Gobierno «tenía conocimiento» de las deficiencias y las consecuencias que ese sistema generaba, y aun así «participaron y consintieron en la gestión presupuestaria».

Desde el PSOE recordaron que tanto Chaves como Griñán están fuera del partido desde el momento que fueron imputados en la causa, aunque dirigentes como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la exministra Carme Chacón salieron en defensa de Griñán, al que definieron como una persona «íntegra y honesta». El PP, en cambio, exigió al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Junta de Andalucía que «pidan perdón a los españoles».