El TS condena al Govern a pagar 7,8 millones a constructora autovías Ibiza
La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Govern balear a pagar 7.824.845 de euros a una[…]
La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Govern balear a pagar 7.824.845 de euros a una de las constructoras de las autovías de Ibiza, Accesos de Ibiza S.A., por los sobrecostes en la construcción de la carretera de acceso al aeropuerto, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).
El Supremo confirma así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que condenó al Govern a pagar esta cantidad a la adjudicataria de las obras, para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión, y que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ejecutivo balear contra este fallo.
La empresa reclamaba 9.967.906 de euros por cinco conceptos, como los retrasos de las expropiaciones, la ocupación tardía de los terrenos, la seguridad privada contratada por los altercados, así como por los traslados de plantas de producción, de conglomerado, de hormigón y de cemento, además de los retrasos causados "por los disturbios".
El Tribunal Supremo señala que, aunque la Comunidad Autónoma lo niega, "la magnitud de la oposición existente en la isla a la construcción de los nuevos accesos al aeropuerto" se tradujo "en numerosos incidentes, disturbios y altercados" que retrasaron "más allá de toda previsión razonable las expropiaciones y la ocupación de los terrenos".
También indica que como consecuencia, "la concesionaria tuvo que hacer frente a unos costes de seguridad privada que no habrían sido necesarios de no mediar ese conflicto e, incluso, dos ayuntamientos forzaron el traslado de las plantas de producción de materiales precisos para la obra".
"No se trata, como explica bien la sentencia, de sobrecostes ajenos a los incidentes sino debidos a ellos", asegura el tribunal, que añade además que "es bien significativo que dos informes encargados por la propia Comunidad Autónoma" coinciden en que "la Administración debía compensar a la empresa".
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