Garmendia dice que el Consejo de la APP nunca cerró la puerta de la Fiscalía

La diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Marisol Garmendia, ha asegurado hoy que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, al que pertenece, "no cerró la puerta en ningún momento" a informar a la Fiscalía de las irregularidades de la nueva lonja.

Garmendia ha explicado, en declaraciones a EFE, de los motivos por los que ella y la mayoría de los consejeros votaron el 5 de abril en contra de llevar los hechos a la Fiscalía, lo que finalmente hizo la Abogacía del Estado, también integrante del Consejo de Administración.

Los hechos se refieren a un supuesto desvío presupuestario de aproximadamente cinco millones de euros -las cantidades exactas ni siquiera han sido determinadas aún- en la construcción de la nueva lonja de Pasaia, que se presupuestó en 15 millones.

Parte de las obras complementarias que se tuvieron que acometer al surgir diversos problemas en la construcción de la lonja se ejecutaron sin haberse tramitado un proyecto complementario y sin consignación presupuestaria, por lo que no tenían cobertura legal.

La diputada ha explicado que en el Consejo de Administración celebrado en marzo, la propia abogada del Estado, Macarena Olona, propuso que se aceptara una oferta de Puertos del Estado para efectuar una auditoría completa de las obras y planteó que "a la vista del resultado de la auditoría que se lleve a cabo" se determine si "procede adoptar actuaciones adicionales de exigencia de responsabilidades y si, en su caso, se evidencian motivos para poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial".

Esta posición fue aprobada por unanimidad, por lo que Garmendia insiste en que "ni la Diputación, ni el resto de instituciones miembros del Consejo de Administración cerraron la puerta en ningún momento a nada", sino que, a instancias de la propia abogada, aprobaron este párrafo que "deja bien claro" que se adoptarían las decisiones oportunas "a la vista del resultado de la auditoría".

No obstante, la abogada del Estado instó a celebrar una reunión extraordinaria, que se celebró el 5 de abril, para someter a votación informar a la Fiscalía.

Su propuesta fue apoyada por tres votos, el de la propia abogada, el del representante de la Subdelegación del Gobierno y el del representante de los trabajadores, que en este caso pertenece al sindicato LAB.

El resto de los miembros del consejo, incluido el representante de Puertos del Estado, se opusieron, al entender que había que esperar a conocer el resultado de la auditoría pendiente, tal y como habían aprobado por unanimidad en la sesión anterior, según ha indicado Garmendial.

La diputada ha insistido en que la institución foral "no se ha puesto una venda en los ojos ni ha mirado otro lado" en este asunto, ya que desde que tuvo conocimiento de las irregularidades ha "exigido desde el primer momento absoluta claridad y exigencia de responsabilidades, y así consta en todas las actas".

Ha destacado que el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Peña, ha tomado decisiones para depurar responsabilidades, como la destitución del director del puerto, Gregorio Irigoyen, y la apertura de un expediente disciplinario al jefe del Departamento de Infraestructuras, David Candelario, quien ejercía como director de obra.

.