El Consell y ayuntamientos colaboran para mejorar el acceso a viviendas VPO

El consejo de dirección de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) ha aprobado los protocolos de colaboración con[…]

El consejo de dirección de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) ha aprobado los protocolos de colaboración con aquellos ayuntamientos de municipios en los que el Consell dispone de viviendas de protección oficial (VPO), con el objeto de facilitar el acceso a las mismas.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, dado el excedente de vivienda acabada, nueva y sin vender del que dispone EIGE en varias localidades, el pasado mes de diciembre la consellera de Vivienda, María José Salvador, autorizó el cambio de régimen de uso para ampliar las posibilidades de acceso a estos inmuebles.

De esta manera el Consell espera facilitar el acceso a estas viviendas protegidas ya sea mediante compra, alquiler o alquiler con opción a compra, según las necesidades de cada familia.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Dignificación de la Vivenda que el Consell presentó el pasado mes noviembre, ya que, en la actualidad, en la Comunitat existen 1.071 viviendas de VPO de promoción pública en régimen de alquiler de las cuales más de la mitad se encuentran vacías, mientras que 376 de las que están a la venta, no tienen comprador.

Por ello, el consejo de dirección del EIGE ha dado un paso más al acordar la firma de protocolos de colaboración con las corporaciones locales para impulsar la comercialización de dichas vivienda en municipios como Orihuela, Pego, San Vicente del Raspeig, Alicante, Vinaròs, Albaida, Gandia, Gavarda, Sueca, Torrent, Paterna, Castelló y Valencia.

Así, se establece que estos ayuntamientos faciliten información sobre las condiciones de acceso a estos inmuebles, recojan las solicitudes para su alquiler y proporcionen información en su web.

Por otro lado, en el consejo de dirección también se ha aprobado el informe de gestión de la entidad.

A partir de julio de 2015, se inició un trabajo de estrecha colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos para realizar un análisis de las necesidades de los colectivos más desfavorecidos y aunar acciones, lo que se ha traducido en 70 programas de colaboración a través de planes de normalización, de intervención integral sostenible y de intervención urgente.

Durante el pasado año, EIGE adjudicó un total de 183 viviendas sociales a personas sin recursos, de las que 53 correspondieron a afectados por ejecuciones hipotecarias.

Además aprobó 919 bonificaciones (330 en Alicante, 65 en Castellón y 524 en Valencia), por un importe de 1.715.090 euros, que destinó a adecuar la renta mensual de los inquilinos de viviendas sociales a su situación socioeconómica, de manera que redujo los alquileres mensuales, en algunos casos hasta el 90 % del total.

A partir de septiembre de 2015 se iniciaron campañas informativas sobre la importancia del cumplimento de las obligaciones de los residentes y sobre la necesidad de solicitar la bonificación de la renta si en la unidad familiar existen dificultades económicas, campañas que han supuesto un aumento considerable de la tramitación de ayudas.

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