El Gobierno argentino y los 'fondos buitre' firman la paz

Menos de tres meses después asumir el poder, el Gobierno de Mauricio Macri ha logrado un principio de acuerdo con los llamados 'fondos buitre', según anunció ayer desde Nueva York el mediador Daniel Pollack, designado por el juez de esa ciudad, Thomas Griesa, para interceder en el largo contencioso que este país mantenía con los acreedores remanentes de su deuda externa.

No obstante, para que el acuerdo sea efectivo, el desafío de Macri es conseguir la derogación de dos leyes del Congreso que hoy traban el pago a esos acreedores y emitir nueva deuda en bonos para cancelar 4.653 millones de dólares (4.278 millones de euros) en efectivo antes del 14 de abril. Si esas tareas no se cumplen en ese plazo, todo lo negociado volvería al punto inicial, advirtió Pollack.

El mediador emitió un comunicado en el que expresó que sentía «mucho placer en anunciar que la batalla legal de 15 años entre la República Argentina, Elliott Management» -el fondo liderado por Paul Singer- y otros «está en camino de ser resuelta». Detalló que después de tres meses de «intensas negociaciones», las partes firmaron un principio de acuerdo. Pollack precisó que se trata de un acuerdo que incluye al 85% de los demandantes, y que se continúa trabajando para que todos acepten.

 «Es un paso gigante para este litigio pero no el paso final», recalcó Pollack. El acuerdo, que implica una quita del 25% a los acreedores más duros, incluye la carga de costos legales para Argentina y requiere primero de la derogación de la llamada 'ley Cerrojo', que impide al Gobierno ofrecer a los 'fondos buitre' mejores condiciones que al resto de los acreedores.

La norma fue elaborada en 2005 durante el Gobierno del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), cuando se hizo la primera reestructuración de la deuda externa con una quita del 70%. Luego, su sucesora, Cristina Fernández (2007-2015), hizo una segunda oferta en 2010 y se renegoció así el 93% de la deuda que había ido al cese de pagos en 2001.

Pero los 'fondos buitre' se negaron a participar de la renegociación con quita e iniciaron un juicio en Nueva York. El juez Griesa ordenó pagarles el 100% del valor nominal más intereses, sin quita y en efectivo, pero el Gobierno de Cristina se negó. La mandataria sostenía que no era justo otorgar mejores condiciones que a los acreedores reestructurados.

La negativa a pagar lo que ordenaba la sentencia empujó al país a un default técnico, ya que si Argentina cancelaba pagos de la deuda reestructurada, esos pagos podían ser embargados por el juez. De ahí que el Congreso sancionase la otra norma que hoy se exige derogar, que es la ley de Pago Soberano. Esa norma se diseñó para un cambio de la sede de pago. La deuda externa, desde entonces, no se paga en Nueva York sino en Buenos Aires o París.

El oficialismo es optimista respecto a la posibilidad de obtener apoyo político para la derogación de las dos leyes. Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados del PRO, el partido de Macri, adelantó que las negociaciones «van por buen camino», a pesar de que la oposición podría no prestar quórum.