CNMC pide eliminar las trabas en el transporte de pasajeros en vehículos VTC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha requerido al Ministerio de Fomento que elimine las restricciones en materia de transporte de pasajeros mediante vehículos de alquiler con conductor (VTC).

En el caso de que no se atienda el requerimiento realizado, la CNMC ya ha avanzado que impugnará ante los tribunales el real decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres al entender que incorpora numerosas restricciones a la competencia que "carecen de justificación y son claramente perjudiciales para la sociedad".

Entre ellas, la CNMC critica que se permita que la Administración Pública deniegue autorizaciones de VTC cuando, a su criterio, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda, una negativa que será automática cuando exista más de una autorización de VTC por cada treinta licencias de taxi.

Dicha restricción, señala el organismo, limita de forma sustancial la entrada en el mercado de transporte urbano de viajeros, impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos.

Además, se muestran en contra de que la norma prohíba que los VTC circulen con pasajeros sin un contrato de arrendamiento, e impida que puedan ofrecer sus servicios circulando en las vías públicas en busca de clientes, lo que impide que los VTC puedan competir con los taxis en varios ámbitos del transporte urbano de pasajeros, en particular en el segmento de contratación directa en la calle.

Asimismo, consideran contrario a la competencia que los VTC deban ser utilizados habitualmente en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre domiciliada la autorización y que se incorpore un límite máximo de servicios que podrán realizarse en un territorio español distinto al de la autorización.

También, que el real decreto establezca un número mínimo de 7 vehículos para poder operar en este mercado, una antigüedad máxima de 10 años y otros requisitos injustificados de carácter técnico.