Los policías acusan al piquete de impedir la entrada de empleados a Airbus

El jefe del operativo de la Unidad de Intervención Policial que se desplazó a la planta de Airbus de Getafe durante la huelga general de 2010 ha declarado hoy, al igual que otros agentes, que miembros del piquete impidieron activamente la entrada de empleados que deseaban trabajar.

La segunda jornada del juicio contra los sindicalistas conocidos como los "ocho de Airbus" por su actuación durante la huelga general de 2010 ha estado centrada hoy en la declaración de los policías en la sala de lo penal número 1 de Getafe con la declaración del jefe del operativo.

En el juicio, ocho sindicalistas se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de ocho años y tres meses de prisión por delitos de atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores por contravenir el artículo 315.4 del Código Penal.

En contraposición a lo que indicaron ayer los acusados, los policías han declarado que los trabajadores concentrados en dicho lugar impidieron de forma activa la entrada a su puesto de trabajo a aquellos empleados que deseaban acceder al recinto aquel día.

Todos los policías han identificado a quien en ese momento fuera presidente del Comité Interempresas de Airbus, José Alcázar como "interlocutor" del piquete hacia la policía, según las palabras de quien estaba al mando de aquel operativo.

Este ha asegurado que, en una conversación que mantuvo con Alcázar, este le indicó "ese día no iba a entrar nadie a trabajar".

Otros agentes han asegurado que, junto con otro de los acusados, Enrique Gil, Alcázar "incitaba con proclamas y su actitud" a que el resto de los concentrados impidieran el paso a ningún empleado.

Según han indicado los agentes, su unidad intentó en dos ocasiones que los empleados pudieran acceder a la fábrica, pero se encontraron con la resistencia de los concentrados que, "con los brazos entrelazados", lo impidieron.

Los policías antidisturbios también han coincidido en recordar la situación que vivió una mujer embarazada que trató de acceder a la fábrica bajo cuyo coche se lanzaron petardos y que recibió insultos e increpaciones por parte de los concentrados, de un tono machista, según algunos de los declarantes.

Todos los testimonios han coincidido en que, en este contexto, fue el intento de entrada en la fábrica por parte de un empleado lo que dio lugar al tumulto que desencadenó la actuación policial.

Cuando este trabajador, que los agentes han identificado por el hecho de que portaba un maletín, trató de introducirse en la planta fue, según su testimonio, rodeado por los trabajadores concentrados que según uno de los policías intentaron "lincharle".

En ese momento, los antidisturbios se desplazaron hasta ese lugar y trataron de sacar del tumulto al empleado, que insistía en su voluntad de entrar en la planta, mientras recibían, según su versión de los hechos, agresiones por parte de los concentrados.

En el punto en el que no han coincidido los testigos ha sido a la hora de identificar a sus agresores puesto que, mientras que algunos han apuntado a algunos de los acusados, como José Alcázar, Raúl Fernández o Jerónimo Martín, otros no han podido concretar este punto.

De hecho, algunos de los acusados no han sido reconocidos por ninguno de los siete policías que han declarado en el turno de mañana por ningún acontecimiento ocurrido durante la huelga.

Llamativo ha resultado el caso de Enrique Gil, del que uno de los policías ha indicado que agredió al trabajador del maletín, mientras que otro ha asegurado que durante el tumulto "intentó colaborar" con la policía al "frenar" al resto de concentrados.

Algo similar ha ocurrido con José Alcázar, al que algunos de los testigos han asegurado que vieron "pegar patadas" a los policías, mientras que otros no han coincidido en este punto.

Tras el tumulto, algunos de los policías quedaron recluidos dentro del recinto de la fábrica, puesto que la cancela había sido cerrada y una "valla de obra" impedía su apertura, por lo que uno de los agentes realizó disparos al aire con la justificación de que pensaba que "la vida" de sus compañeros "corría peligro".

Los abogados de la defensa han relacionado durante sus preguntas estos disparos con las denuncias posteriores contra sus clientes y han incidido en numerosas ocasiones en la falta de coherencia de los testimonios en las identificaciones de los acusados entre la fase de instrucción, las ruedas de reconocimiento y el juicio oral.

Otras de las "incoherencias" sobre las que los letrados han hecho hincapié han sido los partes de lesiones presentados por algunos de los agentes, que indicaban haber sido golpeados por una multitud de personas cuando el médico forense solo había encontrado arañazos, contusiones o contracturas.

Los letrados se han manifestado también sobre las supuestas agresiones al empleado del maletín. Algunos policías han asegurado que recibió puñetazos en la cara "de extrema violencia" y otro ha manifestado que lo vieron "sangrando", cuando solo presentó lesiones en hombros y brazos.

Algunos de los letrados han preguntado a los agentes si estas no podrían haberse producido incluso fruto de su actuación al tratar de sacarlo del tumulto.

Por último, uno de los puntos que también han subrayado los abogados ha sido el hecho de que los agentes hayan cobrado las indemnizaciones por las lesiones a pesar de que no existía una sentencia contra los acusados y de que la mayoría de ellos no hubieran sido capaces de reconocer a sus agresores.

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