Cuatro sindicatos mayores de Marruecos anuncian huelga general 24 de febrero
Los cuatro sindicatos mayores de Marruecos anunciaron hoy una huelga general de 24 horas el próximo 24 de febrero que[…]
Los cuatro sindicatos mayores de Marruecos anunciaron hoy una huelga general de 24 horas el próximo 24 de febrero que va a incluir a los sectores público y privado, los ayuntamientos y las profesiones liberales en todo el país.
El secretario general de la Federación Democrática del Trabajo (FDT, uno de los sindicatos convocantes), Abderahman Azuzi, dijo a Efe que la decisión se tomó porque el actual Gobierno "no ha cumplido sus compromisos" en el diálogo social con los sindicatos.
"Hemos agotado todos los esfuerzos con el Gobierno", deploró el dirigente de la FDT, quien subrayó que el Ejecutivo no ha respondido a las reivindicaciones de los sindicatos, concretamente en lo que se refiere la reforma del sistema de pensiones y al hecho de haber elevado la edad de jubilaciones.
El sistema de pensiones es uno de los detonantes de la indignación de los sindicatos después de que el Gobierno haya decidido poner en marcha a partir de 2017 una reforma que consiste en retrasar progresivamente la edad de jubilación y aumentar la cotización del empleador y de los trabajadores.
Además, Azuzi señaló que los principales centros sindicales del país reclaman un diálogo "serio" con el Gobierno, encabezado por el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), en el que se debata el respeto de las libertades sindicales y un aumento de salarios y de las pensiones de los jubilados.
Esta huelga general fue convocada también por la Unión Marroquí del Trabajo (UMT), la Confederación Democrática del Trabajo (CDT) y la Unión General de los Trabajadores de Marruecos (UGTM).
La última huelga destacada a la que se enfrentó el Gobierno marroquí se produjo en octubre de 2014, afectó entonces al sector público de todo el país y se desarrolló sin incidentes.
El actual Gobierno ha llevado a cabo, desde su formación en 2012, una serie de medidas impopulares, entre ellas la eliminación gradual de la subvención de algunos productos de primera necesidad (combustibles y azúcar) y la penalización salarial de los huelguistas.
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