Concluye el juicio por operaciones inmobiliarias de Banco de Valencia
La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra la excúpula de Banco de Valencia, entre ellos[…]
La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra la excúpula de Banco de Valencia, entre ellos el ex consejero delegado Domingo Parra, por tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad, que habrían causado un perjuicio de 160,5 millones de euros.
En esta última sesión, las defensas han solicitado la absolución, pues en cuatro meses de juicio "se ido sabiendo y entendiendo la mecánica del banco" sin que se haya indicios de la presunta administración desleal por la que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Parra y su director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer.
Precisamente, Monferrer ha sido el más extenso en su turno de palabra, en el que ha insistido que se encuentra en la causa "por el cargo que tenía en la tarjeta", y ha reprochado que les responsabilicen de la caída de la entidad "cuando lo que se había caído era el sistema financiero mundial".
Para ambos, el Ministerio Público plantea como alternativa el de apropiación indebida, en cuyo caso aumenta la petición hasta los seis años de cárcel.
Durante la exposición, Anticorrupción aseguró que el daño millonario que causó a Banco de Valencia su participación con Nou Litoral, Valenciana de Viviendas y Faverche Desarrollos, queda probado por el "informe forense de PwC", el cual demostraría que participaron en operaciones irregulares de financiación.
También están acusados los empresarios Salvador Vila y Juan Bautista Soler- que se enfrentan a entre tres años y medio y cinco años de cárcel-; Fernando Polanco y el notario Carlos Pascual de Miguel, a los que se atribuye también un posible blanqueo -entre seis años y medio y ocho años y medio de prisión-, y la mujer de Polanco, Teresa Villalba -entre seis meses y un año como cómplice-.
La Fiscalía señala a Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida por el banco en 2003 junto a los promotores Vila y los Soler para la compra de terrenos en Chiva (Valencia), que generó una deuda de 109,6 millones refinanciada "con dinero público" y ocasionó, presuntamente, un perjuicio superior a los 83 millones.
Vinculada a ésta se encuentra la compra en 2008 de unos terrenos de Urbanas de Levante en Vergel y Patraix (Valencia) por parte de la sociedad participada Valenciana de Viviendas, que se subrogó la deuda que la vendedora tenía contratada con Banco de Valencia, lo que generó un perjuicio de 47,4 millones de euros.
En tanto que la última bajo sospecha, en la que intervinieron Polanco y Pascual, giró en torno a Faverch Desarrollos y creó, según las acusaciones, un agujero de 29,8 millones.
Durante la jornada, la defensa de Vila ha negado cualquier irregularidad, ya que "todos los comités, los órganos colegiados y órganos de administración daban su conformidad" porque "entendían que no perjudicaban al banco".
Ha negado, además, que el empresario escondiera "interés especulativo" alguno, en tanto que su negocio de gestión de suelo "era conocido por el Consejo de Administración" y "no dependía de un golpe de suerte, sino de hacer trabajo y gestiones con previsiones razonables y con experiencia".
"El señor Vila no se llevó ni un sólo euro", ha apuntado su letrado, que ha añadido que en esta causa "de podrido, poco hay", y que tanto su cliente como su mujer "han arriesgado todo su patrimonio desde 2003 a la última de las operaciones".
En líneas similares se ha expresado el abogado de Polanco, quien -ha dicho- "no es un especulador", mientras que el de Pascual ha afeado las acusaciones de blanqueo y ha rechazado que se considere como perjudicado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
"Inyectar dinero público no le legitima para ejercitar acciones civiles en este proceso", ha señalado otra defensa sobre el fondo, que inyectó 4.500 millones de euros en Banco de Valencia -ahora en CaixaBank tras la fusión de 2013- y que acusa a Parra de aprovechar su posición para "obtener un lucro ilícito" a favor de sus socios.
Por su parte, la abogada de Villalba ha apelado a la condición de ama de casa de su representada, que "desconocía cualquier operación que llevara a cabo su marido (Polanco)", en el que siempre confió.
Acto seguido, y después de que los acusados hayan ejercido su última palabra, la sección primera de la sala de lo Penal ha dado por concluido el juicio, que comenzó el pasado septiembre.
Tomarán el testigo las vistas primero por la pieza separada que investiga los negocios del banco con Edioliva Promociones, programada para finales de enero, y después por supuesta administración desleal en operaciones con la empresa Maremar en 2007, en las que Parra también será juzgado.
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