ELA cree un atropello los servicios mínimos por la huelga en la planta TMB

El sindicato ELA ha considerado hoy que los servicios mínimos fijados por el Gobierno Vasco con motivo de la huelga[…]

El sindicato ELA ha considerado hoy que los servicios mínimos fijados por el Gobierno Vasco con motivo de la huelga indefinida iniciada hoy por la plantilla de la planta vizcaína de tratamiento de residuos UTE TMB Arraiz suponen "un atropello" al derecho de huelga y ha anunciado que los recurrirá.

Según ha asegurado el sindicato en un comunicado, el cien por cien de la plantilla se ha sumado a la huelga, convocada en demanda de la negociación de un convenio que elimine la precariedad laboral y mejore las condiciones de trabajo de los 120 trabajadores de la planta.

ELA, sindicato mayoritario en el comité de empresa (cuenta con ocho representantes, mientras que el noveno es un delegado independiente), ha señalado que "se está trabajando" en un recurso judicial contra la orden de servicios mínimos del Gobierno Vasco para la planta al considerar que "vulnera" el derecho a la huelga.

El comité de empresa de UTE TMB Arraiz no entiende que la actividad de la planta, dependiente de la sociedad foral Garbiker, sea esencial para el bien de la comunidad y que, en consecuencia, se establezcan servicios mínimos, ha indicado la misma fuente.

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ELA ha argumentado que la actividad de la planta no es la recogida de basura de los municipios, sino que es el reciclaje de una parte de los residuos urbanos que se generan en Bizkaia.

A su juicio, "si la planta UTE TMB Arraiz se dedica a una actividad esencial, las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco vulneran derechos fundamentales a diario al no tener una planta similar" en Álava y Gipuzkoa.

Asimismo, el sindicato ha criticado que "la orden entiende que 40 personas de una plantilla de 120 son los mínimos puestos que se tienen que cubrir en un turno", lo que supone "más puestos de trabajo que los que diariamente la empresa cubre".

Para ELA, se pone de manifiesto "una vez más" que las instituciones, en este caso el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, "se posicionan del lado de las empresas".

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