La polémica reforma laboral francesa queda aprobada sin moción de censura

El polémico proyecto de ley de reforma laboral promovido por el Gobierno del presidente francés, François Hollande, quedó automáticamente aprobado hoy al no haberse presentado una moción de censura después de que el Gobierno evitara ayer, con un mecanismo constitucional, el voto en la Asamblea.

Ante la falta de mayoría absoluta entre los diputados para conseguir luz verde para el texto debido a la oposición de una parte de los socialistas, el primer ministro, Manuel Valls, recurrió ayer por tercera vez para al artículo 49.3 de la Constitución que permite saltarse el voto.

Ese artículo abría, en cualquier caso, la puerta a la presentación de una moción de censura, algo que no quiso repetir la derecha -lo había hecho en el debate en primer lectura en mayo- y que no pudieron hacer los parlamentarios rebeldes de la izquierda porque no eran suficientes.

La nueva ley había suscitado protestas, manifestaciones y huelgas en su contra desde que se conoció su primer esbozo en febrero, aunque su redacción final quedó sustancialmente modificada tras la concertación con los sindicatos llamados "reformistas", y en particular con la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT).

Pese a todos, algunos puntos han seguido movilizando a sus oponentes, y en particular la primacía que da a los acuerdos dentro de la empresa -siempre que se obtenga mayoría entre los representantes de los trabajadores- en detrimento de los sectoriales.

Los sindicatos que se han opuesto en la calle al proyecto de ley -y que han prometido que volverán a hacerlo a la vuelta de las vacaciones de verano- consideran que esa medida supondrá un mecanismo de presión para rebajar las condiciones laborales.

En ese nuevo marco de la empresa, y haciendo abstracción de los convenios sectoriales, se podrán fijar reglas sobre la organización del tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias, que como mínimo tendrán que pagarse con una prima del 10 %.

Otro punto muy cuestionado es que las pequeñas y medianas empresas podrán alegar (según su tamaño) para proceder a despidos económicos una serie de causas en relación con un deterioro de las condiciones de su actividad.

Así por ejemplo, las compañías de menos de 11 asalariados podrán acogerse a una caída "significativa" de sus encargos o de su facturación en un trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

Frente a una opinión pública mayoritariamente contraria al texto, el Gobierno había intentado destacar que, además de flexibilizar el mercado de trabajo, ofrece algunos derechos a los trabajadores.

Además, todos los jóvenes de entre 16 y 25 años que ni tengan trabajo ni estén estudiando ni en formación podrán acogerse a partir de 2017 al dispositivo de la "garantía jóvenes", con lo que tendrán un subsidio (actualmente de 461 euros mensuales) y un acompañamiento para insertarse en el mercado laboral.