CCOO denuncia prácticas de dudosa ética en tributación de ayudas al plan Pive

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV ha cuestionado hoy las "prácticas de dudosa ética" en la tributación de las ayudas del plan PIVE por parte de la Agencia Tributaria, sobre todo a quienes adquirieron un vehículo mediante este programa en los ejercicios 2013 y 2014.

El sindicato denuncia en un comunicado que "el afán recaudatorio se anteponga a la información comprensible y en plazo suficiente para la correcta tributación, en perjuicio de aquellas personas perceptoras de algún tipo de ayuda pública".

CCOO-PV ha informado de que a primeros de junio se remitieron decenas de miles de cartas invitando a la regularización tributaria mediante declaración complementaria o dirigiéndose a sus administraciones para solicitar la regularización voluntaria sin requerimiento previo.

Recuerda además que en 2015 se remitió una carta en el mismo sentido a quienes obtuvieron ayudas en años anteriores.

El sindicato asegura que al "objeto de obtener el máximo rédito tributario de estas ayudas, la Agencia Tributaria retrasó la información a las personas afectadas, buscando el ingreso de la cuota resultante y sin previo aviso la liquidación de intereses de demora, recargos de extemporaneidad o sanciones".

De hecho, añade, sólo a partir de 2015 se incluyó en las imputaciones fiscales el importe de la ayuda recibida y la consideración fiscal de la misma.

Según el sindicato, la administración tributaria pretende que las personas que han adquirido un vehículo con un descuento del programa Pive (programa de incentivo al sector automovilístico, dinamización de la venta de turismos, renovación de la flota automovilística y minoración de emisiones de CO2) la tributen como una ganancia patrimonial de la categoría no derivada de transmisión previa.

Esta calificación tributaria, agrega, es la más gravosa y descompensada posible, ya que convierte en obligados a declarar, si no lo era previamente, a todas las personas que han disfrutado de esta ayuda.

A juicio del sindicato, los decretos de aprobación de estas ayudas "hierran al determinar a los beneficiarios de las subvenciones", ya que la Ley General de Subvenciones establece que "se considera subvención toda disposición dineraria sin contraprestación directa de los beneficiarios".

CCOO lamenta por último que una ayuda a un sector productivo se haya convertido en un incremento de la carga tributaria directa de las personas adquirentes y un descuento comercial en una ganancia patrimonial gravada.

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