UPTA denunciará a la Inspección de Trabajo por vulnerar derechos de autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) tiene previsto denunciar a la Inspección de Trabajo por considerar que está vulnerando los derechos de trabajadores autónomos económicamente dependientes (Trade) que ejercen su actividad por cuenta propia libremente.

El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha asegurado a Efe que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está enfocada desde hace algo más de un año en la comprobación de los Trade del sector del márketing directo, obligando por sistema a las empresas a traspasar a estos trabajadores del régimen de cotización de autónomos al régimen general.

"Tenemos constancia de que en el sector la figura del Trade se usa a veces de forma perversa", ha reconocido Abad, si bien se queja de que la Administración está tratando todos los casos por igual sin tener en cuenta el perjuicio que causan a quienes ejercen libremente una actividad por cuenta propia.

Abad cree que los Trade en este sector están "siendo perseguidos" por la Administración.

A su juicio, la Inspección centra sus actuaciones sobre los 10.500 autónomos dependientes cuyos contratos están en regla y registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en lugar de examinar la situación irregular de los cerca de 300.000 los autónomos que en la Encuesta de Población Activa (EPA) manifiestan tener un único cliente o un cliente casi en exclusiva.

Estas actuaciones, según UPTA, están coartando la libertad de quienes siempre han sido autónomos en regla y no han sustituido a trabajadores por cuenta ajena en las empresas para las que trabajan, además de causarles un perjuicio económico, dado que por cuenta propia pueden facturar 1.500 euros mensuales frente a los 800 euros establecidos en convenio para los empleados asalariados.

La asociación cuenta con 400 afiliados afectados por esta situación, que asegura que ha provocado la desaparición de 20 empresas del sector del márketing directo que no han podido hacer frente a las multas de hasta 400.000 euros impuestas por la Administración.

A ello añade el que no se hayan tenido en cuenta los Acuerdos de Interés Profesional (AIP) suscritos con empresas del sector, como APPCO, que protegen a los autónomos económicamente dependientes al regular las condiciones mínimas de la prestación de servicios.

UPTA asegura haber tratado este asunto con los propios inspectores de trabajo y con delegados provinciales, así como con la subdirección general de la Inspección sin que haya sido posible "parar la sangría".

Por esta razón su servicio jurídico ya prepara las demandas que se presentarán ante las instancias judiciales competentes de las provincias donde están ubicadas las empresas inspeccionadas, la mayoría en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, pero también en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.