Gobierno da golpe mortal al combate a la esclavitud en Brasil, dice Fiscalía

La normativa publicada el lunes por el Gobierno brasileño que restringe el combate al trabajo esclavo es un golpe mortal para la lucha contra una de las mayores plagas sociales del país, en opinión del principal responsable por la erradicación de esa práctica.

"Las nuevas normas acaban con el enfrentamiento al trabajo esclavo en Brasil debido a que alteran directamente el corazón de la legislación, que es el concepto de trabajo esclavo", dijo a Efe el coordinador nacional de la Dirección de Erradicación del Trabajo Esclavo del Ministerio Público, Tiago Muniz Cavalcanti.

De acuerdo con el alto funcionario de la Fiscalía, "limitar la definición de trabajo esclavo a la restricción de ir o venir de un trabajador es una equivocación histórica y jurídica".

Cavalcanti explicó que esta nueva definición no tiene en cuenta otras prácticas que pueden caracterizar el trabajo análogo a la esclavitud como las jornadas exhaustivas, los descuentos en el salario de supuestas deudas por alimentos o alojamiento, el trabajo en condiciones degradantes o la intimidaciones, incluso armadas, para que el trabajador no denuncie su situación a las autoridades.

"Esa normativa es el mayor retroceso que han sufrido los esfuerzos de combate al trabajo esclavo en Brasil en muchas décadas y viola la Constitución y las normas que el Gobierno ha suscrito como miembro de la Organización Mundial del Trabajo", agrega.

La nueva normativa, anunciada la víspera por el Gobierno del presidente Michel Temer sin ningún estudio previo, no sólo limita la acción de los fiscales que combaten la explotación laboral, sino que también restringe la divulgación de las listas de empresas involucradas en esa práctica ilícita.

El texto, que recibió inmediatas y duras críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, altera el concepto de trabajo esclavo o análogo a la esclavitud y dice que sólo podrán ser calificados así los casos en que haya una clara "restricción de la libertad" de movimiento de los empleados.

La normativa también establece que, en adelante, la lista de empresas sancionadas por trabajo esclavo sólo podrá ser publicada si existe una "determinación expresa" del ministro de turno.

"Es otro retroceso condicionar la publicación a la voluntad política del ministro. No hay duda de que la lista nunca más será divulgada o de que, en caso de que sea publicada, serán retirados los nombres de varias empresas", afirmó.

Cavalcanti aseguró que la publicación periódica de la lista se ha convertido en una importante herramienta en el combate contra la práctica no sólo por la condena moral que ello supone sino porque los bancos inmediatamente le suspenden los créditos a esas firmas.

"Es una norma totalmente ilegal e inconstitucional porque el trabajo esclavo es la mayor violación que hay contra la dignidad de la persona humana, consagrada por la Constitución", dijo.

El representante de la Fiscalía señaló que la primera medida del Ministerio Público para impedir ese retroceso será recomendarle al Ministerio de Trabajo la inmediata revocación de la normativa.

Según Cavalcanti, las nuevas normas eran una antigua reivindicación de los latifundistas y de los parlamentarios que defienden los intereses de los propietarios rurales.

"No hay duda de que hubo una presión. Las normas eran defendidas por los latifundistas y el Gobierno de Temer se ha aproximado mucho a ellos. Los medios dicen que fue un intercambio de favores. No podemos decir que de hecho hubo ese intercambio pero es una denuncia que tiene sentido", afirmó.

Según medios, Temer satisfizo las demandas de los parlamentarios que representan a los latifundistas a cambio de que lo absuelvan en la nueva denuncia por corrupción que le hizo la Fiscalía y cuyo avance depende del aval de la Cámara baja.

"La falta de voluntad política del actual Gobierno para enfrentar la esclavitud contemporánea se evidencia hace algún tiempo. Primero fue la suspensión de la publicación de la lista de empresas sancionadas, después la suspensión de los recursos para los grupos de fiscalización, y más recientemente el despido del jefe del grupo de combate al trabajo esclavo", afirmó.

Aseguró que la reducción de los recursos se ha evidenciado en la disminución del número de trabajadores liberados de la esclavitud.

Ese número era de un promedio de 2.000 al año a mediados de la década del 2000 y cayó hasta 680 en todo 2016 y hasta 110 en lo que va de 2017. "En estos momentos no hay fiscalización y por eso esa caída abrupta. No significa que tengamos menos esclavos. Significa que dejamos de liberarlos", dijo.

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